La Audiencia Nacional ha incorporado al análisis judicial de la entrada masiva registrada en Ceuta un elemento especialmente incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez: la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo fue utilizada en las redes sociales como uno de los argumentos que contribuyeron a alimentar la movilización hacia territorio español, según recoge Libertad Digital.

El auto de la juez Carmen Lamela Tardón —que investiga los hechos ocurridos en la frontera ceutí— no atribuye a la regularización una relación causal directa con la entrada masiva, pero sí la identifica como un «factor concurrente de carácter secundario» dentro del conjunto de mensajes que circularon antes y durante los acontecimientos.

La resolución explica que la campaña difundida a través de las redes sociales presentó la situación migratoria española como una oportunidad excepcional que debía aprovecharse antes de que España endureciera sus condiciones.

Entre los mensajes detectados aparecieron consignas que aseguraban que España estaba a punto de «cerrar la puerta» a las regularizaciones y que el supuesto último plazo era el 30 de julio de 2026. La Audiencia sostiene que esta narrativa, aunque basada en una interpretación distorsionada de la realidad jurídica, contribuyó al efecto multiplicador de la convocatoria.

Las redes difundieron instrucciones para permanecer en Ceuta

El auto concede una importancia especial al papel desempeñado por las redes sociales en la movilización. Según la investigación, a partir del día 30 comenzaron a difundirse mensajes de personas que ya habían conseguido entrar en Ceuta con consejos destinados a evitar la expulsión y permanecer en territorio español. Entre ellos figuraban recomendaciones para esconderse después de cruzar la frontera o alegar problemas políticos en Marruecos con el objetivo de dificultar una eventual devolución.

Para la Audiencia, la viralización de estos mensajes convirtió diferentes acontecimientos políticos y judiciales en argumentos que reforzaban entre los potenciales inmigrantes la percepción de que se había abierto una oportunidad excepcional para entrar en España.

Una sentencia del Supremo también fue manipulada

La resolución judicial cita además la utilización de una sentencia reciente del Tribunal Supremo. Según el auto, el contenido real de la resolución no constituía por sí mismo un incentivo para la entrada irregular, pero fue manipulado y transformado en mensajes simplificados que aseguraban que quienes entrasen nadando en Ceuta no podrían ser devueltos.

La Audiencia diferencia así entre el contenido jurídico de la sentencia y la interpretación viral difundida en las redes.

El mismo mecanismo habría operado con la regularización extraordinaria: el procedimiento ya había finalizado y quienes accedieran a Ceuta durante aquellos días no podían beneficiarse de él, pero su existencia fue incorporada a la propaganda utilizada para movilizar a nuevos inmigrantes.

La Audiencia apunta directamente a Marruecos

El contenido del auto resulta todavía más comprometedor para el Ejecutivo por su valoración del papel desempeñado desde territorio marroquí. La Audiencia aprecia provisionalmente la existencia de una conducta delictiva cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España.

La resolución habla de una posible «intencionalidad de atentar contra el Estado» y de una «violación masiva de la soberanía territorial de España». Además, sostiene que se ha constatado «una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos».

El auto recoge incluso mensajes difundidos antes de la entrada masiva que anticipaban movimientos coordinados desde diferentes puntos de la frontera coincidiendo con la celebración del Día del Trono marroquí. La investigación considera igualmente relevante el comportamiento de las fuerzas de seguridad del reino alauita durante aquellos episodios.

Un auto que contradice la versión de Moncloa

Las conclusiones provisionales de la Audiencia Nacional chocan con los intentos del Gobierno de minimizar tanto la responsabilidad de Marruecos como la influencia de las políticas migratorias españolas en el contexto que rodeó la entrada masiva.

El tribunal no sostiene que la regularización extraordinaria provocara directamente los acontecimientos de Ceuta, pero sí confirma que su existencia fue utilizada como combustible propagandístico dentro de una campaña destinada a presentar España como una oportunidad inmediata para la inmigración irregular.