La juez María Tardón ha admitido que el Estado ejerza la acusación particular en la causa en la que investiga la invasión mediante entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta el pasado julio, dada su condición de perjudicado ante unos hechos que pueden suponer un ataque a la soberanía nacional.
La magistrada de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud de la Abogacía del Estado de personarse en esta investigación, según un auto dictado este jueves, en el que afirma que no solo la ciudad autónoma de Ceuta y sus habitantes pudieron ser víctima directa e inmediata de lo sucedido, sino también el propio reino de España.
Según la juez, las conductas delictivas derivadas de la entrada de inmigrantes ilegales «pudieron integrar un ataque a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho».
El Estado se suma así a la propia ciudad autónoma de Ceuta como acusación, si bien la magistrada avisa de que no cabe su personación expresa en la pieza separada de diligencias de investigación reservada, pues esta solo es instrumental, con el único objetivo de ordenar y facilitar la más adecuada preservación del secreto de actuaciones que se decreten confidenciales.
