La Audiencia Nacional deberá decidir si reabre el sumario por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, 30 años después de una de las acciones terroristas más brutales de ETA, para investigar a tres antiguos jefes de la banda por su presunta responsabilidad en el cautiverio del funcionario de prisiones. Dignidad y Justicia ha presentado una querella contra Ignacio Gracia Arregui, alias «Iñaki de Rentería»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; y José Javier Arizcuren, «Kantauri», al considerar que participaron desde la cúpula etarra en la decisión, autorización, mantenimiento y prolongación del secuestro.
Según informa La Razón, la asociación que preside Daniel Portero pide que los tres sean investigados por secuestro terrorista y conspiración para homicidio terrorista. Ortega Lara permaneció encerrado durante 532 días, entre el 17 de enero de 1996 y el 1 de julio de 1997, en una acción criminal concebida por ETA para presionar al Estado y forzar un cambio en la política penitenciaria de dispersión de los presos de la organización terrorista.
La clave jurídica del caso está ahora en la prescripción. Dignidad y Justicia sostiene que los hechos no están prescritos pese al tiempo transcurrido, porque la reapertura de la causa en 2011 por el juez Pablo Ruz, también a raíz de una denuncia de la asociación, interrumpió el plazo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ya ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir si reabre la instrucción.
La querella, elaborada por la letrada Vanessa Santiago, se apoya en la doctrina judicial que ha permitido reabrir otros crímenes de ETA para investigar la responsabilidad de sus dirigentes, no sólo la de los autores materiales. En concreto, cita el auto de procesamiento contra cinco exjefes etarras por el asesinato de Gregorio Ordóñez para defender que los tres querellados formaban parte de la dirección de ETA en las fechas del secuestro.
Dignidad y Justicia sostiene que «Mikel Antza» y «Kantauri» ocupaban entonces puestos clave al frente de los aparatos político y militar de la banda, mientras que «Iñaki de Rentería» desempeñaba funciones de mando en el ámbito logístico y militar. Desde esas posiciones, según la querella, habrían tenido capacidad de decisión y control sobre una acción que requería infraestructura, comunicaciones, comandos, zulos, enlaces y mantenimiento clandestino durante más de año y medio.
La asociación subraya que el secuestro de Ortega Lara no fue una acción aislada de un comando, sino una operación estratégica de ETA. Sus autores materiales ya fueron condenados, pero DyJ apunta ahora hacia quienes, desde la dirección, pudieron autorizar el secuestro, mantenerlo activo y decidir que continuara pese al deterioro físico y anímico de la víctima.
La querella recuerda que la sentencia dictada en 1998 contra los miembros del «comando Goierri» afirmó que el objetivo fue elegido con el visto bueno de la dirección de ETA. También cita la resolución que condenó a los etarras Julián Achurra y Juan Luis Aguirre Lete por su intervención directiva y funcional en el secuestro, al entender que quienes tenían funciones de dirección o coordinación podían ejercer un dominio relevante sobre la acción criminal.
Uno de los elementos centrales del escrito es la estructura jerárquica de ETA. Dignidad y Justicia invoca informes de la Guardia Civil según los cuales en aquella época nada se hacía dentro de la banda sin la intervención de su comité ejecutivo, conocido como Zuba. La querella también destaca las anotaciones de la agenda intervenida a Aguirre Lete, en las que aparece el alias «Gorosti», que la asociación vincula a Gracia Arregui.
Según DyJ, esa documentación permitiría investigar si «Iñaki de Rentería» asumió responsabilidad sobre el comando y ordenó mantener el secuestro. La asociación considera especialmente relevante un informe de la Guardia Civil de 2009 que atribuía a este exjefe etarra una instrucción a los secuestradores para que animaran a Ortega Lara, que atravesaba un grave deterioro anímico, apenas quince días antes de la desarticulación del comando.
Respecto a «Kantauri», la querella reclama esclarecer si, desde su posición en la cúpula militar, participó en la transmisión de instrucciones, la cobertura o el sostenimiento del secuestro. En el caso de «Mikel Antza», DyJ destaca que dirigía el aparato político, el área más vinculada a la finalidad del secuestro: la presión penitenciaria, los comunicados públicos, la reivindicación de la acción y las exigencias al Gobierno.
La asociación también pide investigar la conexión entre el aparato político de ETA, el diario Egin y la estrategia de comunicación desplegada durante el cautiverio. Para ello solicita que declaren como testigos el exdirector y dos periodistas del periódico, con el objetivo de aclarar cómo llegaban a la redacción los comunicados de la banda.
Dignidad y Justicia reclama además que se incorporen al procedimiento testimonios de dos etarras arrepentidos. Uno de ellos, según recoge la querella, afirmó estar «completamente seguro» de que la cúpula de ETA ordenó el secuestro. Esa línea de investigación será ahora el núcleo de la decisión que debe adoptar la Audiencia Nacional: si el caso Ortega Lara queda definitivamente cerrado o si la Justicia vuelve a mirar hacia la dirección que pudo sostener durante 532 días uno de los símbolos más crueles del terrorismo etarra.
