Fuentes de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA han detallado la condena impuesta a un inmigrante ilegal de nacionalidad marroquí esta semana, declarado culpable de agredir sexualmente a cuatro mujeres mientras estas pintaban un mural en una zona pública de la localidad murciana de Molina del Segura. El incidente, que ocurrió en agosto de 2024, escaló rápidamente a un enfrentamiento con las fuerzas del orden, donde el agresor propinó una patada en los genitales a uno de los agentes que intentaban detenerlo, causando lesiones leves. La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Murcia, recopila una serie de delitos que incluyen agresión sexual consumada, tentativas de agresión sexual y atentado contra la autoridad, destacando la gravedad de los hechos y las consecuencias judiciales derivadas.
De acuerdo con los informes policiales obtenidos, el suceso se inició alrededor de las 16.40 horas en un espacio urbano de Molina de Segura, un municipio de la Región de Murcia conocido por su actividad cultural y comunitaria, como la creación de murales artísticos que fomentan la participación vecinal.
Las cuatro víctimas, todas mujeres adultas, estaban inmersas en la tarea de embellecer el mural cuando fueron abordadas por el individuo. Inicialmente, el agresor se acercó solicitando un cigarrillo de manera insistente, dirigiéndose a ellas con expresiones como «morena, ¿me das un cigarro?». Esta interacción pronto derivó en comportamientos hostiles. Según los agentes consultados, comenzó a increparlas con comentarios inapropiados, para luego pasar a acciones físicas no consentidas, como tocamientos y besos forzados. En uno de los casos, la agresión sexual se consumó, mientras que en los otros tres quedó en grado de tentativa gracias a la resistencia activa de las afectadas, quienes intentaron repeler al atacante.
Testigos presenciales alertaron inmediatamente a las autoridades, lo que permitió una respuesta rápida por parte de la Policía Nacional. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un sospechoso altamente agresivo, quien, en lugar de cooperar, se resistió violentamente. Durante el forcejeo, gritó frases explícitas como «lo que quiero es follar», y procedió a lanzar patadas y puñetazos contra los agentes. Uno de ellos recibió un impacto directo en los testículos, resultando en dolor agudo y lesiones que requirieron atención médica, aunque clasificadas como leves. El segundo agente también sufrió contusiones menores en el proceso de inmovilización y detención. Las fuentes policiales enfatizan que, a pesar de la resistencia, lograron reducir al individuo.
El perfil del condenado, según los datos recabados de la Policía Nacional, corresponde a un varón marroquí de 37 años quien se encontraba en España de forma ilegal. No contaba con antecedentes penales previos en el país, lo que sorprendió a las autoridades dada la intensidad de la agresión. Durante la investigación, el detenido alegó haber consumido aproximadamente un litro de cerveza, argumentando que su comportamiento se debió a un estado de embriaguez. Sin embargo, los testigos y los informes médicos no corroboraron signos evidentes de intoxicación que pudieran mitigar su responsabilidad, ya que no se observaron alteraciones significativas en su coordinación o lucidez. Este detalle fue clave en el proceso judicial, donde se descartaron atenuantes relacionadas con el consumo de alcohol.
El procedimiento legal se inició en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Murcia, que emitió una sentencia inicial en septiembre de 2025. En esta fase, se condenó al acusado por un delito de agresión sexual consumada, tres delitos de tentativa de agresión sexual, un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos leves de lesiones. Las penas originales incluyeron un año de prisión por la agresión consumada, nueve meses por cada tentativa (sumando 27 meses adicionales), y nueve meses más por el atentado, con indemnizaciones específicas para las víctimas y los agentes afectados. El condenado presentó un recurso de apelación, argumentando posibles dilaciones procesales y solicitando atenuantes como arrepentimiento o reparación del daño, aunque estos fueron desestimados por insuficientes.
La Audiencia Provincial de Murcia, en una resolución de esta semana, confirmó la mayor parte de la sentencia pero introdujo una aclaración parcial que ajustó las penas por las tentativas de agresión sexual, reduciéndolas de nueve a tres meses cada una. De esta manera, la condena total se establece en un año por la agresión consumada, nueve meses por las tres tentativas (tres meses cada una), y nueve meses por el atentado contra la autoridad en concurso con los delitos de lesiones.
Adicionalmente, se impuso el pago de indemnizaciones: 500 euros a la víctima de la agresión consumada, 200 euros a cada una de las otras tres mujeres por los daños morales sufridos, 80 euros a uno de los agentes policiales y 315 euros al otro por las lesiones y gastos médicos incurridos. La sentencia también incluye medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas durante el cumplimiento de la pena, asegurando su protección post-sentencia.
