El sindicato «Tu abandono me puede matar» (TAMPM) ha denunciado la situación límite de masificación que atraviesa el centro penitenciario de Fontcalent, donde actualmente permanecen recluidos más de 1.100 internos pese a que la infraestructura fue diseñada para albergar alrededor de 500 presos. Según recoge el diario Información, la organización sindical alerta de que la cárcel alicantina funciona «al doble de su capacidad real», una circunstancia que considera ya «insostenible» tanto para los funcionarios como para la propia población reclusa.
Según expone este sindicato, todos los departamentos de la prisión se encuentran saturados y trabajan «muy por encima de sus posibilidades», provocando un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad y convivencia dentro del recinto penitenciario. El sindicato advierte de que la falta de medidas por parte de la Administración está agravando una crisis que, aseguran, amenaza con descontrolarse.
La central sindical también pone el foco en el grave déficit de personal que sufre la prisión alicantina. Según explican, en los últimos años se han incorporado nuevos servicios como el SGPMA, la Unidad de Madres o la nueva cocina del centro, pero la plantilla de trabajadores no ha aumentado en la misma proporción.
Esta situación obliga, denuncian, a que los funcionarios asuman una carga laboral cada vez mayor en un entorno marcado por el aumento del riesgo. El sindicato también critica la escasez de conducciones de presos hacia otros centros y la falta de una clasificación penitenciaria eficaz que permita liberar plazas y reducir la presión sobre los módulos más saturados. A juicio de la organización, esta falta de movilidad penitenciaria está contribuyendo directamente al deterioro de la convivencia dentro de la cárcel.
La organización asegura que el hacinamiento está generando tensiones continuas entre internos y trabajadores, al tiempo que denuncia el deterioro de las instalaciones y el mantenimiento «deficiente» de los sistemas de seguridad. En este contexto, TAMPM reclama una intervención «urgente e inmediata» por parte de la Administración penitenciaria.
Además, reclama inversiones urgentes en mantenimiento y seguridad para evitar que la situación continúe empeorando.
