La condena del exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por el caso Koldo no se explica sólo por las declaraciones de los acusados ni por el relato político de la causa. El Tribunal Supremo ha construido su resolución sobre una cadena de documentos, informes, contratos, mensajes y archivos que han ido estrechando el cerco sobre quien fue uno de los hombres fuertes del PSOE y secretario de Organización del partido.

El caso comenzó el 21 de febrero de 2024 con la detención del exasesor ministerial Koldo García Izaguirre, señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como pieza clave de una trama que habría cobrado comisiones ilegales por contratos de mascarillas durante la pandemia. Ábalos negó entonces en el Congreso estar al corriente del asunto. «En absoluto», respondió al ser preguntado por su conocimiento de la operativa.

El avance de la investigación fue en dirección contraria. En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción atribuyó al exministro un «papel principal» en el entramado y sostuvo que «resulta difícil entender» la actuación de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama sin la participación de Ábalos. Desde entonces, la causa se ha apoyado en un rastro documental que ha terminado por desmontar la versión inicial del dirigente socialista.

Uno de los primeros documentos clave fue la imagen de la reunión celebrada en enero de 2024 en el reservado de la marisquería La Chalana, en Madrid. Para entonces, Ábalos ya sabía que existía una investigación en marcha sobre Koldo García. La UCO concluyó que en aquella cita el exministro actuaba como «intermediario» de la trama que había obtenido comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

El segundo gran bloque documental procede del propio Ministerio de Transportes. La auditoría encargada por el ministro Óscar Puente para revisar la gestión de su antecesor resultó decisiva para reconstruir la adjudicación de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama. Ese informe reveló que Ábalos firmó una orden de compra de cuatro millones de mascarillas y la revocó apenas 38 minutos después para duplicar el pedido hasta los ocho millones.

La frase de los auditores dejó el núcleo de la sospecha por escrito: «Pudiera parecer que la estimación final duplicada en tan solo 38 minutos estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades». La cuestión no era menor. En plena emergencia sanitaria, la documentación no apuntaba a una decisión motivada por la demanda real de material, sino por la capacidad de la empresa beneficiada para colocar su producto.

La trama no se limitó a Transportes. Koldo García admitió en una entrevista que ofreció mascarillas de Soluciones de Gestión a «cuatro ministerios». Interior también contrató con la empresa. Además, un mensaje de Aldama publicado por El Mundo apuntaba a tres departamentos del Gobierno: Transportes, Industria y Transición Ecológica. Ese WhatsApp reforzó la tesis de que Ábalos no era un actor ajeno, sino una figura con capacidad de orientación dentro del Ejecutivo.

El rastro documental se extendió también a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. En Baleares, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, el Govern compró mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros. El certificado de calidad emitido por el Ejecutivo autonómico dejó constancia del importe y de la operación. Armengol aseguró que no sabía «nada» del contrato, aunque los responsables de la adjudicación situaron el origen de la compra en una recomendación del Ministerio de Transportes a través de Koldo García.

Canarias fue otro de los puntos de penetración de la red. Bajo el gobierno del hoy ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, la comunidad también compró mascarillas a la empresa de la trama. Los mensajes entre Torres y Koldo García mostraron cómo Aldama utilizó al exasesor ministerial para agilizar cobros pendientes ante el entonces presidente autonómico. Tras el abono, Torres respondió: «Hoy dormiré mejor». Después justificó esas palabras al asegurar que existía un contrato que obligaba a pagar un 50% por adelantado y que habían pasado meses sin pago alguno.

La causa no se quedó en las mascarillas. La documentación sobre la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en las empresas públicas Tragsatec e Ineco abrió otra vía de prueba contra el exministro. Rodríguez percibió salarios durante dos años y medio después de que Ábalos mediara para colocarla en esas entidades. Tragsatec aportó al Supremo la documentación del proceso de selección, con valoraciones tan comprometedoras como esta: «Puede que necesite ayuda para no cometer errores en trabajos muy exigentes».

Ese expediente laboral fue especialmente relevante porque la propia Rodríguez llegó a revelar que no iba a trabajar. Los currículos, informes internos y documentos de su paso por las empresas públicas sirvieron para apuntalar la existencia de favores personales vinculados al poder político del exministro.

A esa derivada se sumó el piso de lujo de la Plaza de España de Madrid. Según considera probado el Supremo a partir de las pruebas recopiladas, la trama pagó el alquiler de esa vivienda para Jésica Rodríguez. La defensa de Aldama entregó una batería de correos electrónicos entre un socio del empresario y la agencia inmobiliaria que gestionó el arrendamiento. Los pagos alcanzaron los 82.298,40 euros en dos años.

La investigación también incorporó la documentación relativa a un local en Valencia. Aldama aseguró ante el Supremo que entregó al menos 20.000 euros en efectivo a Ábalos para completar la compra del inmueble. En el contrato constaba un precio de 90.000 euros, pero la defensa del empresario sostuvo que en un dispositivo electrónico apareció una evidencia que reflejaba un precio real de 110.000 euros. La diferencia, según esa versión, habría sido abonada en metálico por Aldama. La defensa de Ábalos negó esa operación.

Otro documento incorporado a la causa fue el contrato por el que Aldama habría ofrecido al exministro una vivienda en el Paseo de la Castellana, en Madrid, sin contraprestación. El empresario sostuvo que aquella operación funcionaba como una garantía a favor de Ábalos por el compromiso de determinadas constructoras de pagar comisiones si resultaban adjudicatarias de contratos públicos. Ábalos no llegó a ocupar esa vivienda, pero el documento quedó en manos del Supremo.

El último inmueble documentado fue un chalé en la urbanización Alcaidesa Playa, junto a Sotogrande, en Cádiz. Según publicó El Mundo, Ábalos fue arrendatario gratis durante al menos medio año de esa vivienda, adquirida por una empresa vinculada a Aldama. El exministro acabó expulsado por impago. Ábalos defendió que no existía ilegalidad alguna, pero los archivos relativos al inmueble formaron parte del conjunto probatorio.

La condena del Supremo cierra así la primera gran pieza del caso Koldo, centrada en las comisiones por las mascarillas, pero deja intacta la dimensión política de un escándalo que ha golpeado al núcleo del PSOE. Informes de la Guardia Civil, auditorías ministeriales, mensajes privados, contratos inmobiliarios, expedientes laborales y correos electrónicos han fijado por escrito la ruta de una trama que empezó en plena pandemia y ha terminado con un exministro socialista condenado por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

El caso no ha sido sólo la caída personal de Ábalos. Ha sido la constatación judicial de cómo una red con acceso al poder utilizó la emergencia sanitaria, las empresas públicas y las administraciones gobernadas por el PSOE para obtener contratos, favores y beneficios privados. La documentación ha sido el hilo conductor de esa caída: el papel que convirtió las sospechas iniciales en una condena histórica.