La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se encuentra en el centro de la polémica por el ritmo de ejecución de las obras tras la devastadora DANA que golpeó la provincia de Valencia, una catástrofe que dejó decenas de víctimas mortales en distintos puntos del territorio.
Entre las zonas más castigadas destacó el barranco del Poyo, convertido en uno de los escenarios más dramáticos de las inundaciones. A lo largo de su cauce se registraron numerosas muertes, al igual que en enclaves como el Pozalet, Gallego, l’Horteta o áreas próximas a la Albufera.
Tras la tragedia, el organismo encargado del mantenimiento de estos cauces descartó cualquier responsabilidad relacionada con la falta de limpieza o acondicionamiento previo. Desde el Gobierno se ha sostenido durante este tiempo que no eran necesarias actuaciones adicionales antes del temporal y que el estado de los barrancos no incrementó el riesgo.
Sin embargo, con posterioridad al desastre, el Ejecutivo ha reactivado proyectos que llevaban años previstos sin ejecutarse. Estas actuaciones, impulsadas primero bajo la dirección de Teresa Ribera y posteriormente por Sara Aagesen, evidencian que existían intervenciones pendientes en las zonas afectadas.
A pesar del discurso oficial que insiste en que los trabajos avanzan adecuadamente, los datos reflejan una realidad distinta. Según la Intervención General de la Administración del Estado, el grado de ejecución presupuestaria está lejos de lo previsto. En 2025, primer ejercicio completo tras la riada, apenas se materializó el 48,3% de lo presupuestado.
Ese año, la CHJ contó con 214,6 millones de euros para labores de recuperación, una cifra muy superior a la del ejercicio anterior. No obstante, sólo se ejecutaron algo más de 103 millones, mientras continúan en marcha varias actuaciones de emergencia cuyo volumen total supera los 200 millones.
El inicio de 2026 tampoco invita al optimismo. En los dos primeros meses del año, el nivel de ejecución se ha quedado en un escaso 0,4%, lo que anticipa dificultades para alcanzar siquiera los porcentajes logrados el año anterior. La complejidad administrativa y los procesos de licitación estarían ralentizando el desarrollo de las infraestructuras previstas.
Pese a estos datos, la Confederación ha defendido públicamente su gestión. En recientes comunicaciones oficiales, ha destacado inversiones concretas, como el refuerzo de taludes en el barranco del Poyo o nuevas intervenciones en otros cauces, aunque sin hacer referencia a los bajos niveles de ejecución global.
Las críticas no se limitan únicamente a las obras hidráulicas. Desde el inicio de la catástrofe, también se ha cuestionado la respuesta institucional en otros ámbitos, como el despliegue inicial de fuerzas de seguridad o la tramitación de ayudas a los damnificados, denunciándose retrasos que han afectado a numerosos afectados.
Mientras tanto, el recuerdo de la DANA sigue muy presente en la provincia de Valencia, donde las consecuencias humanas y materiales de aquella tragedia continúan marcando la agenda política y social.
