Un total de 686.000 personas se encontraban en situación ilegal en España en 2023, según estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). «Habida cuenta del incremento de población extranjera puesto de manifiesto por otras fuentes estadísticas en 2023 y la tendencia creciente en el número de inmigrantes en situación irregular observada en los últimos años, no es arriesgado suponer que la cifra total de estos se sitúa en la actualidad por encima de 700.000«, añade la entidad.
En este sentido, recuerda que en enero del año pasado se alcanzó los 4,1 millones de personas con nacionalidades no comunitarias que residían en España, y se calcula que actualmente la cifra sería de casi 4,4 millones, según indica el primer número de Notas de Coyuntura Social, publicación trimestral de Funcas que aborda temas de actualidad a partir del análisis de fuentes estadísticas que permitan dimensionar los problemas sociales y contribuir a la reflexión y al debate público.
De este modo, las conclusiones del informe arrojan que una parte de la población extranjera no comunitaria, entendida como la que cuenta con una nacionalidad distinta de las de los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y los países de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), se halla en situación administrativa irregular.
Los inmigrantes ilegales se han quintuplicado en los últimos siete años
Según estimaciones de Funcas, a principios de 2023 el número de personas en esa situación ascendía a 686.111 (el 17% de la población no comunitaria residente entonces en España). El número de extranjeros en situación ilegal se habría más que quintuplicado desde hace siete años pasando de los 127.066 estimados en 2017 a los 686.11 de 2023.
Entre las personas en situación ilegal, destacan las que acreditan nacionalidades americanas (600.000 personas), nacionalidades europeas no comunitarias (alrededor de 51.000) y africanas (cerca de 35.000).
Por nacionalidades, entre los americanos, en situación ilegal destacan los colombianos (209.686), hondureños (82.684), peruanos (71.862) y venezolanos (51.544); entre los africanos, los marroquíes (16.037), senegaleses (6.686) y argelinos (6.450); entre los asiáticos, los paquistaníes (1.086); y entre los europeos no comunitarios, los rusos (8.554).
Para realizar esta estimación, Funcas ha seguido una metodología similar a la de Gálvez-Iniesta (2020), quien, a su vez, se basa en González Ferrer y Cebolla Boado (2008). Para ello, se considera como población en situación legal o cuasilegal a la que cuenta con un permiso de residencia (o lo está renovando), o con un permiso de estudios (o un permiso para familiares cercanos derivado de este), o tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumada la población en estas categorías, la población en situación ilegal se obtiene sustrayendo de esa suma las cifras oficiales de población.
La fundación asegura que estas cifras «superan ampliamente las que de forma habitual aparecen en distintos foros y medios como estimación del número de potenciales beneficiarios de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada recientemente en el Congreso de los Diputados y que pretende legalizar la situación de aquellos extranjeros que, antes del 1 de noviembre de 2021, residían en territorio español».
