El Partido Popular y el Partido Socialista han conformado en los últimos años una coalición el Parlamento Europeo. Los dos partidos han votado lo mismo casi el 90% de las veces en Bruselas para imponer restricciones al sector primario por el «cambio climático».
«Queremos que Europa enseñe al mundo a sumarse en la lucha contra el cambio climático y la mejor manera de hacerlo es con el liderazgo de Ursula Von der Leyen y el Green Deal (Pacto Verde)«. Esta fue la afirmación de la hoy candidata del Partido Popular en las elecciones del 9 de junio, Dolors Montserrat, en la Eurocámara.
Populares y socialistas han apoyado la Ley Europea del Clima, considerada la «legislación emblemática» del Pacto Verde Europeo y principio del objetivo de «neutralidad climática». La norma establece un Consejo Científico Consultivo Europeo sobre cambio climático que sentó las bases para la globalista Agenda 2030 y el Acuerdo de París, el «germen» de la Ley de la Restauración de la Naturaleza o de la Estrategia de la Granja a la Mesa,
Ambos (PP y PSOE) han respaldado el Reglamento UTCUTs, que tiene unas implicaciones muy graves para el sector primario e impone la «neutralidad climática» en los sectores de uso de tierra. Su aplicación tiene consecuencias nefastas para países como España, en los que impone costes inasumibles a los agricultores. Y el mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en frontera, que se aplica al cemento, al aluminio, a fertilizantes, a la producción de energía eléctrica, al hidrógeno y a la siderurgia, entre otros, e implica mayores costes para las empresas, desafíos de implementación y pérdidas de empleo (en regiones menos desarrolladas), etc.
Además, aprobaron un reglamento para las reducciones anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros que tiene consecuencias sobre el transporte por carretera, la calefacción de edificios, la agricultura, las pequeñas instalaciones industriales y la gestión de residuos. Su impacto en la economía de las naciones de la Unión es muy negativo. Y la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE «para reducir los gases de efecto invernadero de la industria», la generación de electricidad y la aviación. La revisión amplia la directiva a los hogares.
