El Partido Popular y el Partido Socialista han conformado en los últimos años una coalición el Parlamento Europeo. Los dos partidos han votado lo mismo casi el 90% de las veces en Bruselas para imponer restricciones al sector primario o alentar el efecto llamada migratorio.
Uno de los ejemplos es la pesca. Los dos votaron a favor del Reglamento de Control Pesquero, que afecta de forma negativa a la competitividad de la industria pesquera española en su conjunto.
La nueva normativa impone la obligación de disponer de un circuito cerrado de televisión (CCTV) en los buques para el desembarco; obliga por primera vez a la pesca recreativa a declarar obligatoriamente sus capturas; obliga a la notificación de las capturas a través de un cuaderno de bitácora electrónico, independientemente del tamaño del barco; obliga a la geolocalización en toda la UE y armoniza las sanciones.
Supone, a juicio de los propios pescadores, un «ataque a la privacidad, mayores costes económicos y posibles efectos en el control migratorio, ya que en el futuro probablemente las ONG y otras organizaciones solicitarán el uso de los videos grabados por los sistemas CCTV de las embarcaciones para denunciar rescates u otras actuaciones en alta mar», y tiene efectos negativos para la pesca de pequeña escala «por el registro obligatorio y las nuevas normas de trazabilidad».