«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El voto secreto y otros actos de cobardía del separatismo

Culparon a los voluntarios de la consulta ilegal del 9-N y proclaman que los ‘Jordis’ son ‘presos políticos mientras sus abogados lo niegan ante la juez.


«¿Qué independencia van a reclamar si no tienen narices de dar la cara? Se esconden, son unos cobardes». Estas son las palabras del portavoz del PP, Xavier García Albiol, este viernes en el Parlament tras conocer la petición de Junts pel Si de votar de forma secreta la declaración unilateral de independencia. Los separatistas fueron incapaces de dar la cara por miedo a la legalidad española y al Estado de Derecho y votaron una ilegalidad de forma nominal, en urna y ante la ausencia de todos los diputados del PP, Ciudadanos y PSC.
Esto no es nuevo. Ya tras la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, el expresident Artur Mas responsabilizó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la ejecución final del «referéndum», suspendido por el Constitucional, a los «voluntarios». Pero la cobardía se ha acrecentado en la última semana. Cuanto más cerca han visto la República, más cobardes se muestran. Destacar que el ya expresident Puigdemont ofreció  la convocatoria de elecciones y la retirada de la DUI a cambio de la impunidad de los golpistas, la suspensión del artículo 155, la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña y la libertad de los ‘Jordis’. Mucho para tan poco.
La encarcelación de los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados por sedición, también lleva consigo una ración de «cobardía». Todo el separatismo -y Podemos- han pedido la libertad de los ‘Jordis, acusados de haber dirigido y alentado a las masas los días 20 y 21 de septiembre para intentar impedir la operación policial contra la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, calificándoles de «presos políticos», algo que ni sus propios abogados consideran.


Según reveló la líder de CS en Cataluña, Inés Arrimadas, en su intervención en el Parlament, en las 36 páginas de alegaciones a la juez no han escrito presos políticos en ninguna ocasión.
Diversos juristas han señalado que alguien es preso político si la detención viola alguna de las garantías recogidas en la Convención Europea de Derechos Humanos, es discriminatoria con respecto a otras personas, es impuesta puramente por razones políticas, las condiciones de la condena no son proporcionales al delito cometido o es el resultado de un proceso judicial claramente injusto. Los ‘Jordis’, como bien saben sus abogados, no cumplen estos requisitos. 
Este sábado, Puigdemont ha dejado claro que no acata su cese como presidente de la Generalitat y ha llamado a los catalanes a mostrar su «oposición democrática» a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Asimismo ha pedido, a través de un mensaje en la sede de la delegación del Govern en Gerona y ante un atril con el logotipo de la Generalitat y junto a las banderas catalana y europea, «paciencia, perseverancia y perspectiva» a los catalanes separatistas y ha llamado a resistir pacíficamente a los planes del Gobierno de Rajoy. «La mejor manera de defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática. Lo hemos de hacer preservándonos de la represión y de las amenazas, haciéndolo sin abandonar nunca una conducta cívica y pacífica», ha dicho.
No ha acatado el cese, pero la intervención no se ha hecho en el Palau de la Generalitat, lugar el que habitualmente intervino como jefe del Ejecutivo catalán, y no se ha hecho en directo. Mientras se emitía, el líder del PdeCAT almorzaba en un restaurante situado en la céntrica Plaça del Vi, donde se ubica el ayuntamiento gerundense.
Cabe señalar que si se resiste a abandonar su cargo y se atrinchera podría incurrir en un delito de usurpación de funciones. El Gobierno no ha valorado sus palabras, pero le ha recordado que está cesado «a todos los efectos», por lo que desde este momento la calificación de sus conductas «corresponde al ámbito judicial».
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