La Comisión de Venecia ha avisado, en su informe preliminar, que los criterios de la ley de amnistía «no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos», al tiempo que ha cuestionado el procedimiento de urgencia de la norma «dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes».
Fuentes del Consejo de Europa han señalado además que todavía no hay ningún informe definitivo. De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posibles cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.
Así, el informe señala que «no hay ningún problema de separación de poderes» mientras «la decisión sobre la amnistía es adoptada por el juez sobre la base de los criterios generales contenidos» en la ley.
La Comisión de Venecia señala que las amnistías «deben ajustarse a la Constitución» y que el control de constitucionalidad «se realizará a través de los órganos y procedimientos previstos el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos». Señala además que la cuestión de constitucionalidad debe resolverla el Tribunal Constitucional y que la Comisión no es la competente en este sentido. Además, no entra a evaluar su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea.
En este punto, la Comisión de Venecia expone que las amnistías «suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política», que son «objetivos legítimos» pero a los que debe seguir un procedimiento que «debe inspirarse en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos». Por tanto, entiende que la tramitación de la ley de amnistía no es apropiada realizarla por la vía de urgencia «dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes».
