La Comisión Europea ha reclamado explicaciones a España sobre el destino y el grado de ejecución de los fondos europeos empleados en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, después del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Bruselas confirmó que ha solicitado información formal a las autoridades españolas, sin haber recibido todavía respuesta, pese a que la Unión Europea destinó 111 millones de euros en 2023 a la modernización de esta infraestructura.
Según fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por El Mundo, la Comisión pidió datos concretos sobre el estado del proyecto tras el siniestro, con el objetivo de evaluar cómo se han aplicado los fondos y si se han respetado las normas exigidas por la legislación europea. “Estamos a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades españolas”, señalan desde Bruselas, donde insisten en que la evaluación solo podrá realizarse una vez recibida esa información.
La petición llega después de que la propia Comisión aprobara la aportación de los 111 millones para una línea que, aunque diseñada para velocidades de hasta 300 kilómetros por hora y operativa a niveles máximos de rendimiento, arrastra una evidente pérdida de competitividad tecnológica. En su momento, Bruselas reconoció que los proyectos desarrollados desde 1992 permitieron mantener elevados estándares de seguridad y calidad del servicio, pero también advirtió de que la infraestructura había quedado desfasada frente al resto de la red española de alta velocidad.
Tras el accidente de Adamuz, la Comisión quiere conocer en qué punto se encuentra el proyecto de modernización, cómo se han utilizado los recursos comunitarios y si se han cumplido los requisitos normativos. Desde el Ejecutivo europeo recuerdan que cualquier inversión respaldada con fondos de la UE debe ajustarse tanto a la legislación nacional como a la comunitaria.
El proyecto de mejoras en la línea Madrid-Sevilla se extiende, además, a dos marcos financieros distintos, los correspondientes a los periodos 2014-2020 y 2021-2027, y podrá ejecutarse, según la planificación europea, hasta finales de 2030. Un calendario amplio que no evita, sin embargo, las dudas sobre el estado real de una infraestructura clave.
