La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), está destinando un total de 170,59 euros al día al cuidado y gestión de cada menor extranjero no acompañado (mena), según se desprende del presupuesto base de licitación del expediente AM 003-2025, tramitado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

El documento, pendiente aún de adjudicación y adelantado por @CanarioToday, establece las condiciones para la atención residencial de media estancia de adolescentes migrantes de entre 12 y 17 años que llegan solos a la región, sin ningún adulto responsable. Estos menores son atendidos bajo la tutela de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (DGIFFN) y se integran en la Red Pública de Centros de Protección.

El expediente, con un presupuesto base de 2.490.586,67 euros, toma como referencia un centro tipo de 40 plazas, operando los 365 días del año durante 24 horas al día. De ese cálculo resulta un coste plaza/día de 170,59 euros por menor, lo que sitúa a Madrid muy por encima de otras comunidades autónomas como Canarias, donde el gasto por menor ronda los 90 euros diarios, según denuncias de varios colectivos y medios.

En el desglose presupuestario figuran costes directos laborales por valor de 1.420.003,33 euros, y costes no laborales que alcanzan los 803.734,76 euros. Estos incluyen partidas como alimentación (146.000 €), ropa y calzado (33.000 €), actividades extraescolares (36.150 €), tratamientos médicos (40.000 €), farmacia (19.650 €), higiene personal (19.800 €) y otros conceptos como material escolar, transporte o aportaciones educativas.

A ello se suma un beneficio empresarial del 6% (133.424,29 €) y un margen para gastos estructurales del mismo porcentaje, elevando la cifra final del contrato. La convocatoria se ha tramitado por procedimiento abierto, de carácter urgente y exclusivamente electrónico, con fecha límite para la presentación de ofertas hasta el 4 de julio de 2025.

El objetivo declarado del contrato es garantizar un entorno seguro y de «buen trato» para los menores, tal como establece la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI), de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Sin embargo, el elevado coste por plaza y día ha generado debate público, especialmente por la diferencia presupuestaria entre comunidades y por el hecho de que parte de la gestión se deriva a entidades privadas y ONGs mediante licitación. Críticos con la medida denuncian un posible sobrecoste y señalan que, mientras se destinan cifras millonarias al cuidado de menores migrantes, otras necesidades sociales estarían recibiendo menor atención.