La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), otorga más derechos en el ámbito sanitario a inmigrantes ilegales que a españoles nacidos en otras regiones no empadronados Un sanitario de la red pública madrileña ha compartido con La Gaceta un documento interno enviado recientemente a los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en el que se aclaran los criterios de acceso al derecho de Libre Elección sanitaria en la región. El contenido ha generado un profundo malestar entre parte del personal sanitario, al constatarse una diferencia de trato que, según denuncian, «favorece a quienes están en situación irregular frente a ciudadanos españoles de otras comunidades autónomas».
En el citado escrito, remitido desde una subdirección general de Sanidad, se expone que las personas clasificadas como DASE (T85), DASPI (AQT) o acogidas al Convenio Especial de Asistencia Sanitaria (CTV), tienen derecho a ejercer la Libre Elección de médico, pediatra y centro sanitario en la Comunidad de Madrid, siempre que estén empadronadas en la región. Esta categoría incluye, en muchos casos, a inmigrantes en situación administrativa irregular.
En cambio, los denominados «desplazados» o «transeúntes» —como se clasifica a los ciudadanos que se encuentran temporalmente en Madrid por estudios, trabajo u otras circunstancias— quedan excluidos de este derecho si no están empadronados. Es decir, un ciudadano español con tarjeta sanitaria de Castilla y León o Andalucía que resida temporalmente en Madrid no podrá escoger centro ni profesional, mientras que un inmigrante sin permiso de residencia pero empadronado en la región sí podrá hacerlo.
«La Ley 6/2009 de 16 de noviembre, en su artículo 2, establece que podrán ejercer la libertad de elección los residentes en la Comunidad de Madrid, de conformidad con la normativa estatal y autonómica vigente», indica el documento. Bajo este criterio, el empadronamiento se convierte en el factor determinante, sin importar la situación legal o nacionalidad del paciente.
El profesional sanitario que se ha puesto en contacto con este medio afirma haber recibido el correo con «enorme preocupación», y teme posibles represalias por manifestar su opinión. «Esto genera una clara injusticia. Se está negando a españoles lo que se concede a personas que han entrado de forma ilegal, solo por no estar empadronados en Madrid. No podemos decirlo abiertamente por miedo, pero es indignante», lamenta.
Desde algunos sectores del personal del SERMAS se percibe esta situación como una contradicción dentro del sistema, que agrava las desigualdades territoriales y podría generar tensiones entre pacientes y profesionales.
Por el momento, la Consejería de Sanidad no ha emitido una nota pública al respecto, aunque el malestar entre parte de la plantilla sanitaria ya ha comenzado a extenderse silenciosamente por los centros de salud de la Comunidad.
