La reciente aplicación de la eutanasia a la joven Noelia Castillo de 25 años, tras un prolongado proceso administrativo y judicial, ha reactivado el debate sobre la implementación de la eutanasia. El caso, que se resolvió veinte meses después de la solicitud inicial, se produjo en el marco de la Ley Orgánica 3/2021, que regula la prestación de ayuda para morir bajo condiciones estrictamente definidas, incluyendo la existencia de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante debidamente certificado.
Según informa El Periódico de España que en el caso de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), entre 2021 y finales de 2025 un total de 215 personas accedieron a la eutanasia. La evolución anual refleja un crecimiento sostenido: cuatro casos en 2021, 38 en 2022, 35 en 2023, 62 en 2024 y 76 en 2025.
En 2024, se resolvieron en Madrid 129 expedientes relacionados con solicitudes de eutanasia, de los cuales el 48,06% culminaron en la prestación efectiva. Por el contrario, un 18,60% fueron denegados por no cumplir los requisitos clínicos establecidos, mientras que un 8,53% fueron revocados por los propios solicitantes durante la tramitación. Asimismo, en 32 casos el fallecimiento del paciente se produjo antes de la resolución definitiva.
La Comunidad de Madrid de Ayuso se sitúa por encima de la media nacional en tasa de mortalidad asociada a la eutanasia. En 2024, esta tasa fue del 0,13%, frente al 0,10% registrado en el conjunto del país. La distribución de los lugares donde se lleva a cabo la eutanasia muestra una preferencia por el entorno hospitalario, donde se realizaron el 51,6% de los «procedimientos» en Madrid, seguido del domicilio del paciente (43,5%) y, en menor medida, residencias (4,8%).
