La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, gestionada por VOX en Extremadura, ha puesto en marcha una profunda reorganización de sus políticas de gasto con el objetivo de destinar más recursos a los ciudadanos de la región. Entre las decisiones adoptadas figura la supresión de subvenciones dirigidas a asociaciones vinculadas a la atención de inmigrantes ilegales, así como un importante recorte de los fondos dedicados a cooperación internacional.

El vicepresidente de la Junta y titular del departamento, Óscar Fernández Calle, defendió estas medidas durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, donde presentó las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio. Según explicó, la consejería dispondrá de 218 millones de euros, con un notable incremento de la financiación para los servicios sociales, cuya dotación crecerá en casi 49 millones respecto a los presupuestos prorrogados de 2024.

Fernández Calle subrayó que el nuevo presupuesto permitirá reforzar iniciativas destinadas a los extremeños. Entre ellas destacó el aumento de las ayudas para personas afectadas por ELA, una partida de tres millones de euros para fomentar el acogimiento familiar, mayores recursos para apoyar a madres en situación de vulnerabilidad y la ampliación de las ayudas a la natalidad, cuya cuantía pasa de un millón a 2,1 millones de euros. También resaltó el incremento de fondos para el Instituto de la Juventud, que contará con cerca de ocho millones para actuaciones como la mejora de instalaciones juveniles.

Otra de las medidas más relevantes será la reducción de los fondos destinados a cooperación internacional. El responsable autonómico recordó que Extremadura dedicó más de 12,7 millones de euros a este capítulo en 2023 y 9,4 millones en 2024, mientras que para el próximo ejercicio la cifra quedará limitada a 987.000 euros. Según indicó, los más de ocho millones liberados por este ajuste serán redirigidos a programas sociales dentro de la propia comunidad autónoma.

En este contexto, el vicepresidente defendió el principio de «prioridad nacional», argumentando que la solidaridad debe comenzar por quienes sostienen con sus impuestos los servicios públicos. Durante su intervención criticó que anteriormente se destinaran fondos a proyectos desarrollados en países como Colombia, Guinea, Mali o Ecuador, mientras Extremadura continúa enfrentándose a importantes necesidades sociales.

La reordenación presupuestaria también afecta a diversas subvenciones nominativas concedidas a entidades relacionadas con programas de inmigración o asesoramiento a extranjeros. Fernández Calle anunció la eliminación de ayudas que venían percibiendo organizaciones como Accem, Cepaim y Progestión, al considerar que los recursos públicos deben concentrarse en atender las demandas de los extremeños. A su juicio, favorecer la inmigración ilegal contribuye indirectamente a las redes de tráfico de personas, por lo que defendió una política migratoria basada en la entrada regulada y conforme a la legalidad.

Durante su comparecencia, el dirigente de VOX también puso el foco en el coste de los centros destinados a menores inmigrantes no acompañados. Según afirmó, cada plaza supera los 7.100 euros mensuales, una cantidad que, aseguró, permitiría financiar varias plazas en residencias para mayores o dependientes. «Queremos llevar los recursos de los extremeños a las necesidades de los extremeños», afirmó, convencido de que las medidas anunciadas representan únicamente el inicio de una nueva orientación en la política social de la región.