A todos los inconvenientes a los que debieron hacer frente los más de 10.000 pasajeros afectados por el robo de cable podría sumarse otro problema: la no devolución del dinero invertido en sus billetes. La política de Renfe contempla excepciones que le permiten eludir compensaciones económicas en determinados casos, como el «sabotaje», categoría bajo la cual el Gobierno ha enmarcado los hechos ocurridos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía el pasado lunes, según avanza The Objective.
Más allá del perjuicio logístico y emocional para los viajeros que quedaron atrapados o sufrieron importantes demoras —algunas de hasta seis horas—, ahora podrían quedarse también sin el reembolso. Esto se debe a que Renfe se ampara en el Reglamento Europeo 2021/782, que exime a las compañías ferroviarias de compensar a los pasajeros cuando los retrasos se producen por causas extraordinarias ajenas a su control, entre las que se incluyen actos terroristas, condiciones meteorológicas extremas, intervenciones policiales… y también, el sabotaje.
Aunque todavía no se ha determinado con certeza si el incidente fue un acto planificado o simplemente un robo común de cobre —como sospechan algunas fuentes próximas a la Guardia Civil—, la rápida calificación del suceso como «sabotaje» por parte del Ejecutivo ha generado dudas entre los usuarios, especialmente en lo que respecta a su derecho a reclamar.
La interrupción del servicio afectó a más de una treintena de trenes en plena operación retorno del puente del 1 de mayo. La extracción de cables en varios puntos de la provincia de Toledo dañó el sistema de señalización, obligando a detener la circulación durante horas en las líneas de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla y Toledo. Renfe llegó a aplazar la salida de varios trenes una hora para facilitar los trabajos de recuperación de la infraestructura, cuya reparación comenzó durante la madrugada del lunes.
Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha señalado que la investigación sigue en manos de la Guardia Civil, aunque no descarta que pueda derivarse a la Audiencia Nacional si se confirma una acción deliberada contra una infraestructura crítica del Estado. De judicializarse el caso como sabotaje, la empresa ferroviaria tendría aún más margen legal para evitar el desembolso de indemnizaciones.
Según fuentes sindicales de ADIF, el tiempo juega en contra de los viajeros: la mayoría de reclamaciones suelen presentarse en las primeras 24 horas posteriores a una incidencia. Después de ese periodo, el volumen de quejas cae en picado, siendo casi nulo en los siguientes tres meses, que es el plazo máximo para exigir la devolución del importe del billete.
