El abogado Juan Carlos Navarro ha pedido al tribunal que juzga el caso Gürtel atenuar la pena al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, al haber confesado hechos relevantes y por su arrepentimiento, y ha adelantado que seguirá colaborando en próximos juicios.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes la fase de informes finales de las defensas, con la intervención, entre otros, del abogado de Correa, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 125 años de prisión, la máxima pena respeto a cualquiera de los 37 acusados, entre los que se encuentra también el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de cárcel.
El letrado de Correa ha mostrado la intención de su cliente de reparar el daño causado y seguir colaborando en las investigaciones; ha dicho que dado que tiene todo su dinero bloqueado se podrían sustituir las multas por trabajos y ha estimado que el tribunal debe valorar que «es imposible» que pueda volver a cometer estos delitos.
Ha pedido que, al menos, se aplique a Correa la misma «vara de medir» que al «delator» de esta causa, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, para quien la Fiscalía pide seis años y cinco meses de cárcel después de que hubiera aportado unas grabaciones de conversaciones telefónicas.
Ha añadido que, a diferencia de Correa, «José Luis Peñas no ha reconocido ni ha confesado nada y eliminó de las grabaciones que aportó las que le podían perjudicar y son un puro chantaje, además de que participó en la actividad delictiva que denuncia».
Juan Carlos Navarro ha subrayado: «Estamos colaborando y así será en siguientes piezas», siete u ocho que aún están pendientes y que «llevarán aún tres o cuatro años de juicios, tras el celebrado ya de la pieza Fitur en Valencia durante nueves meses y el que está ahora está teniendo lugar en la Audiencia Nacional por hechos de la primera época de Gürtel (1999-2005), que lleva más de un año.
El letrado ha recordado que Correa ya era el empresario más joven con 22 años y creó un grupo de sociedades que participó en la Exposición Universal de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona pero no para delinquir y solo se le ha acusado cuando tuvo de cliente al PP, y al respecto ha pedido que no se aplique «el derecho penal al enemigo».
En este sentido ha señalado que regalos como los realizados a la exmimistra Ana Mato no suponen delito de cohecho sino que eran fruto de una relación personal y «no significan influir».
Sobre el hecho de que empresas del grupo concurrieran por separado a concursos de administraciones públicas ha dicho que «era una práctica habitual».
Seguidamente ha intervenido Miguel Durán, abogado del exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, para quien la Fiscalía pide 85 años de prisión, que ha dicho que este caso «arrancó por causas políticas» para «perseguir al Partido Popular».
Ha añadido que además sospecha que hay un pacto entre Fiscalía y Correa «aireado por la prensa, que el Ministerio Público no ha desmentido, que se ha producido a espaldas de las partes y que resulta más opaco que la supuesta caja B del PP».
«Nos hubiera parecido mejor que el Ministerio Público, en aras a la transparencia, hubiera explicado en qué consistía el probable acuerdo al que haya podido llegar con Correa», ha subrayado.
El letrado ha pedido la absolución de Pablo Crespo, ha negado que sea el «número dos» de la trama y ha lamentado «la pena de banquillo» sufrida.
Ha añadido que «el procedimiento desde el principio ha tenido una exacerbada politización y ha generado más portadas que la banda terrorista ETA; aquí se ha perseguido al PP y se le ha dado patadas».
El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha interrumpido a Miguel Durán para decirle: «Le ruego que no siga por ese camino y que se ciña al aspecto jurídico».
Durán ha insistido en «hechos de trascendencia política que se han dado y por los que ha comparecido en el juicio -como testigo- el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy».
Ha estimado que el caso debió cerrarse cuando fue apartado de la carrera judicial Baltasar Garzón, uno de los primeros instructores de la causa, por autorizar grabaciones a acusados en la cárcel vulnerando el derecho de defensa.
Hoy también han pedido su absolución por falta de pruebas las defensas de Álvaro Pérez «El Bigotes», que ha considerado que ha sufrido una «cacería» al ser considerado «número tres» de la trama, y de José Luis Izquierdo, que ha negado que fuera «contable» de la red ya que era un «puro auxiliar» de Correa y que es objeto de una «inquina» de las acusaciones.
Igualmente, el abogado Luis de Miguel, presunto «arquitecto financiero» de la evasión de capitales de la red, y la defensa de Jacobo Ortega, supuesto testaferro para ocultar comisiones ilegales obtenidas por su hermano Guillermo cuando éste era alcalde de Majadahonda.
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El juicio de Gürtel enfila su recta final con los informes de las defensas
