La Dirección General de Tráfico lleva años recibiendo cartas de denuncia de fabricantes españoles de la baliza V16. En esos escritos, dirigidos también al Ministerio del Interior, se alerta del escaso control aplicado a productores extranjeros, en su mayoría chinos, que operan en el mercado español de estos dispositivos obligatorios.
Al menos ocho de esas misivas, según ha podido constatar The Objective, denuncian que compañías foráneas no sólo fabrican las balizas, sino que “gestionan las comunicaciones de esos dispositivos” sin quedar sujetas al marco normativo español ni comunitario. La advertencia resulta especialmente sensible porque la conectividad de la V16 constituye el eje del sistema.
“No hemos recibido respuesta”. Así resume un fabricante español el resultado de los ocho escritos registrados ante la DGT, en los que se alertaba de irregularidades en empresas que solicitaban licencias para comercializar balizas V16 en España. El silencio administrativo se repite, según coinciden varias fuentes del sector consultadas por este medio.
Los fabricantes nacionales recuerdan que la DGT modificó las normas y dejó “todo el proceso y el control de calidad en manos de los solicitantes”, que pasaron a ser responsables del producto durante toda su vida útil, fijada en 12 años. Desde ese cambio, la responsabilidad última de cada baliza recae en la empresa que obtiene la licencia. En ese grupo figura, por ejemplo, una firma británica de capital chino que acapara cerca de 100 licencias y que, según la documentación analizada por The Objective, se vincula a una red de compañías señalada por estafa y por conexiones con Corea del Norte.
No se trata de un caso aislado. La DGT ha recibido decenas de escritos en los que empresas españolas trasladaban sus dudas sobre la legalidad de competidores chinos. Tras analizarlos, detectaron estructuras empresariales opacas, creadas para entrar de forma rápida en el mercado, facturar lo máximo posible y desaparecer. Un esquema que recuerda al modelo que proliferó durante el pelotazo de las mascarillas.
Otros fabricantes, como los españoles de Netun Solution, han alertado además de la menor calidad de los componentes y de las prestaciones ofrecidas por dispositivos fabricados en el extranjero. “Nos preocupa la proliferación de dispositivos cuyas comunicaciones están gestionadas por empresas extranjeras o extracomunitarias, sin CIF español y fuera del marco normativo nacional o comunitario”, señala uno de estos fabricantes en una comunicación escrita remitida a la DGT.
Según explican, la situación genera riesgos claros para el consumidor. Entre ellos, la imposibilidad de exigir responsabilidades en caso de fallo de conectividad, la falta de garantías sobre el mantenimiento de la SIM durante el periodo legal exigido y la duda sobre la capacidad jurídica del solicitante para responder ante un incumplimiento.
Por ese motivo, las empresas reclamaron a la DGT un pronunciamiento claro sobre si el solicitante de la certificación debe estar establecido legalmente en España o en la Unión Europea, con CIF válido o equivalente, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
La advertencia más contundente llegó desde la Comunidad Valenciana. En una carta registrada oficialmente ante Interior el 13 de marzo de 2025, el CEO de Oversunenergy recordó que “España ha sido pionera en la implementación de las señales V16 conectadas, con potencial para salvar vidas en carretera”, pero advirtió de que la falta de una regulación estricta y la permisividad con certificaciones desactualizadas ponen en riesgo el proyecto. “Si no se adoptan medidas correctivas, el sistema perderá credibilidad y España puede convertirse en un ejemplo de mala gestión regulatoria en Europa”.
Los fabricantes también anticiparon el caos social derivado de la implantación de las balizas y pidieron al Gobierno que informase al consumidor mediante una guía pública, clara y accesible. Sin embargo, pese a que el Ejecutivo ha destinado en 2025 más de 109 millones de euros a campañas publicitarias, no se ha publicado ninguna que explique de forma directa la puesta en marcha de la medida.
Ninguna de las cartas remitidas, al menos según los fabricantes españoles consultados por The Objective, ha recibido respuesta de la DGT. Mientras tanto, el mercado de la V16 sigue creciendo bajo un modelo de control mínimo, con comunicaciones en manos de empresas extranjeras y con los riesgos que ello implica para conductores y seguridad vial.
