La diputada general de Vizcaya ha advertido sobre la situación crítica que viven los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados (menas) en el territorio, señalando que estos centros «no dan más de sí». Ante este panorama, solicitó la implementación de un protocolo de reparto nacional para aliviar la presión sobre Vizcaya. Según los datos del Gobierno foral, actualmente hay unos 550 inmigrantes sin referentes familiares bajo su tutela, cifra que supera ampliamente la capacidad de las instalaciones disponibles.
A día de hoy, Vizcaya cuenta con 16 centros de acogida que pueden albergar a 403 menores, pero la demanda ya supera esta capacidad en aproximadamente 150 plazas. Dos de estos centros se han abierto en el último año: uno en Sopuerta durante la pasada Semana Santa, que generó cierta polémica, y otro en Ondarroa el pasado invierno. Además de estos, el sistema de protección foral incluye 32 hogares para 371 menores que han sido retirados de sus familias, 9 residencias con 98 plazas para jóvenes con problemas de conducta y 3 centros para 36 menores con discapacidades graves.
La responsable de Acción Social, Amaia Antxustegi, presentó en una reciente comparecencia ante las Juntas un presupuesto de 58,7 millones de euros para 2025, destinado a la red de atención a la infancia y los menas, lo que supone un aumento de 6,4 millones respecto al año en curso. Este fondo cubrirá el funcionamiento de 58 centros donde residen menores de Vizcaya que necesitan tutela, debido a problemas familiares, de comportamiento o a discapacidad.
A pesar de los desafíos, el Gobierno foral evita detallar sus planes específicos en políticas de infancia y protección de menores, argumentando que esta discreción es esencial para la protección de los menores. No obstante, subraya que la acogida de estos jóvenes es una «obligación ética y legal». La memoria de los presupuestos para el próximo año menciona la necesidad de «ajustar la disponibilidad de plazas residenciales» a la demanda, en particular en relación con los menores extranjeros no acompañados.
El informe de Acción Social subraya además que la sobreocupación ya era un problema en 2023, antes del aumento de la presión migratoria. A esta situación se suma el reciente cierre del centro en El Vivero debido a un desacuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de Galdakao, quienes afirmaron que el descenso de llegadas de menores justificaba la decisión.
