La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, declaran este jueves como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la causa que investiga las presuntas maniobras impulsadas desde el entorno del PSOE para presionar a la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de las investigaciones sobre distintos casos de corrupción que afectan al partido, al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Según ha adelantado El Mundo, González ha designado como abogada a Rosa Seoane, exabogada del Estado actualmente en el ejercicio privado, mientras que Llamas estará representado por la Abogacía del Estado, a través del abogado Edmundo Bal. Ambos accederán a la Audiencia Nacional por la puerta de autoridades, una posibilidad autorizada por el tribunal y utilizada recientemente también por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando declaró como investigado en esta misma causa.
El magistrado investiga a ambos por un presunto delito continuado de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia. La causa gira en torno a las actuaciones atribuidas a la denominada «fontanera» del PSOE, Leire Díez, que, según la investigación, habría impulsado un plan para promover investigaciones internas contra agentes de la UCO con el objetivo de intimidarles y frenar las pesquisas sobre los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE.
Tres expedientes internos contra agentes de la UCO
De acuerdo con las diligencias practicadas hasta el momento, Leire Díez dejó reflejado en su agenda el objetivo de promover una «Investigación interna G.C. para filtraciones». La investigación sostiene que, aprovechando su proximidad con Mercedes González, consiguió que se abrieran tres informaciones reservadas dirigidas contra miembros de la UCO por supuestas filtraciones que, finalmente, no procedían de esa unidad.
El juez considera que esas actuaciones podrían haber utilizado el régimen disciplinario de la Guardia Civil como un mecanismo de presión sobre los investigadores encargados de las principales causas de corrupción vinculadas al entorno socialista.
Además, la instrucción ha acreditado que Mercedes González mantuvo al menos dos reuniones con Leire Díez, encuentros que inicialmente fueron negados tanto por la propia directora de la Guardia Civil como por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La Fiscalía respaldó la imputación
Pedraz acordó la imputación de Mercedes González y Manuel Llamas tras tomar declaración a los exresponsables de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo y después de que la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, solicitara formalmente su investigación.
En el auto, la Audiencia Nacional sostiene que «la utilización instrumental de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión sobre los investigadores policiales puede integrar el delito de obstrucción a la Justicia del artículo 464.1 del Código Penal».
Las fiscales del caso consideran que estas actuaciones pudieron impedir «garantizar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia», al tratar de alterar mediante presiones ilícitas el trabajo de los agentes encargados de investigar las causas de corrupción.
Junto a ese delito, el juez también investiga un presunto delito continuado de prevaricación por la adopción de resoluciones que, de acreditarse los hechos, podrían haber sido arbitrarias y contrarias al interés público.
