Provincias antes emisoras de emigrantes, como Murcia y Almería, crecen, mientras que las antiguas receptoras, como Asturias y Vizcaya, ahora los pierden. Los españoles abandonan el interior y el norte de la Península para concentrarse en la costa mediterránea y los dos archipiélagos. De esta tendencia, que se puede seguir mediante la asignación de escaños para las elecciones generales, sólo se salvan Madrid y Toledo.
Cada vez que un presidente del Gobierno disuelve las Cortes, en el real decreto de convocatoria aparecen las fechas de la campaña electoral y de la constitución de las nuevas Cortes, y también los diputados que corresponden a cada provincia, ya que los senadores son siempre el mismo número (art. 69 de la Constitución). En estas elecciones generales, la provincia de Badajoz pierde un diputado que gana la de Valencia.
Los cambios en la asignación de diputados es una de las maneras más claras de observar la evolución demográfica de las regiones. Y eso que de los 350 diputados sólo 248 dependen de la población, pues la Constitución establece obligatoriamente un mínimo de dos por provincia, más una para Ceuta y otro para Melilla (art. 68 de la CE).
Sólo 12 provincias mejoran
En 1977, la población registrada en España era de 36.079.655 personas y el censo electoral de 23.583.762. En 2023, la población de derecho asciende a 48.196.693 (gracias a la venida incesante de inmigrantes); y el censo electoral de las elecciones municipales de mayo, el mismo para las generales de julio, fue de 35.526.560 ciudadanos.
En estos 46 años, 23 escaños han cambiado de circunscripción y las afectadas han sido 29 provincias, de las que 17 han perdido entre uno y tres representantes y otras 12 han ganado. Este primer dato muestra ya la concentración de gente en menor superficie.
Las provincias perjudicadas se sitúan, de manera mayoritaria, en la costa cantábrica y atlántica del norte, así como en el interior; la única excepción es Barcelona. Las beneficiadas son las provincias que se extienden a lo largo de la costa entre el estrecho de Gibraltar y Francia (salvo Granada y Castellón, que mantienen los mismos asignados en 1977, y Barcelona), más Canarias, Baleares y el Gran Madrid, es decir, Madrid y Toledo.
Como prueba de su pujanza, Madrid se ha situado como la provincia más poblada. En las primeras elecciones a Cortes, ese puesto correspondió a Barcelona, a la que se atribuyeron 33 escaños; en segundo lugar, estaba Madrid, con 32 escaños. La diferencia entre Madrid y Barcelona se puede medir, además de en PIB, en inversiones internacionales y en constitución de empresas, también en población. Por ello, Madrid adelanta a Barcelona en cinco diputados.
Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Baleares atraen población para trabajar o para pasar su jubilación. Las siete provincias registran un aumento de 13 diputados. Alicante y Málaga han ganado tres escaños cada una, cuando tenían nueve y ocho, respectivamente.
Las regiones menguantes no toman medidas
En Andalucía, la disminución de Jaén y de Córdoba la compensan las provincias ribereñas, como la mengua de Barcelona la cubren Tarragona y Gerona; pero eso no ocurre en otras regiones, sobre todo en las situadas al norte del Sistema Central. En Aragón, el escaño restado a Zaragoza no lo recuperan ni Huesca ni Teruel.
Asturias y León han perdido un tercio de sus diputados originales: de diez a siete y de seis a cuatro. En Galicia, cada una de las provincias ha perdido un diputado. Vascongadas ha pasado de 21 a 18 al quedarse Vizcaya sin dos y Guipúzcoa sin uno. Castilla y León ha bajado de 35 a 31 diputados y Extremadura, de 12 a 9. Zamora sufre la mayor despoblación de Europa Occidental entre 2011 y 2021. Estas regiones no tienen natalidad ni atraen inmigrantes nacionales o extranjeros; y, encima, expulsan de sí a una parte considerable de sus escasos jóvenes.
La decadencia demográfica de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Extremadura es una acusación a sus gobiernos autonómicos, incapaces de usar sus competencias y sus enormes presupuestos para revertir esa situación o al menos atenuarla. De manera llamativa, esas regiones tienen gobiernos de partido único desde hace décadas (PP en Galicia y Castilla y León, PSOE en Extremadura y Asturias, y PNV y PSOE en el País Vasco); y algunos de ellos, como el vasco y el gallego, dedican cientos de millones de euros a la normalización lingüística, sin que haya cantidades parecidas para fomentar la natalidad. Cualquier medida, por modesta o sensata que sea, se responde por parte de la izquierda como un ataque a los derechos de las mujeres o como la promoción de un modelo de familia caduco.
El gran fracaso de los nacionalistas abertzales y galegos es que no engendran hijos suficientes para mantener su pueblo. En el caso vasco y navarro ni los privilegios fiscales del concierto y el convenio garantizan la reposición poblacional.
La media de edad de los españoles supera los 44 años, cuando en 1982 era de 34 años. La población se incrementa gracias a una inmigración que no se sabe de qué vive en el país con la mayor tasa de paro de la UE. Ya que España se encamina a ser un asilo, como el resto de Europa, los ciudadanos están cogiendo sitio al sol, donde mejor tiempo hace, sin hacer caso a los horrores anunciados por los profetas del cambio climático. Las regiones del interior se están quedando para los molinos de viento, porque ni vacas van a vivir en ellas. Las decisiones, como las de optar por la esterilidad o por el asturianu, tienen consecuencias.