La exdirectora del Instituto de la Mujer cesada tras la polémica de los contratos de los Puntos Violeta, Isabel García Sánchez, continúa recibiendo adjudicaciones de administraciones públicas para gestionar estos espacios morados contra la violencia de género, así como para organizar actividades relacionadas con la igualdad y el feminismo.
Recientemente, el Ayuntamiento de Catarroja, en el área metropolitana de Valencia, ha otorgado a la empresa Elig Consultoría de Igualdad, vinculada a García y su pareja, la gestión de los Puntos Violeta durante las Fiestas Mayores, celebradas durante todo el mes de septiembre. La adjudicación, formalizada el 4 de septiembre, tiene un valor de 1.680 euros, sin incluir impuestos. La Alcaldía del municipio, dirigida por Lorena Sirvent del PSOE, fue la responsable directa de la contratación, según consta en la plataforma de contratación pública y ha adelantado El Español.
La relación entre la alcaldesa Sirvent y García no es nueva. En marzo de este año, el consistorio también adjudicó a la misma empresa de García un contrato por 1.000 euros para una conferencia impartida por la socióloga Carmen Ruiz Repullo. En ese momento, García aún dirigía el Instituto de las Mujeres.
La polémica en torno a Isabel García estalló cuando se reveló que, desde mediados de 2022 hasta su destitución, las empresas gestionadas por ella y su esposa, que también era asesora del PSOE en el Senado, habían recibido más de 250.000 euros en contratos públicos, la mayoría otorgados de manera directa y sin concurso. Estos contratos menores, como el reciente en Catarroja, no requieren de la presentación de ofertas competidoras, lo que facilita su adjudicación a dedo.
Los Puntos Violeta son una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad, destinada a informar y apoyar a víctimas de violencia machista, así como a promover la concienciación social en torno a este problema. Estos puntos suelen estar presentes en eventos locales y fiestas, sirviendo como centros de información y en ocasiones como lugares para recibir denuncias de agresiones sexuales en contextos de ocio nocturno.
La destitución de García fue aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de julio, tras revelarse que había obtenido beneficios económicos mediante contratos otorgados por administraciones socialistas para gestionar los Puntos Violeta y desarrollar programas de igualdad. Pese a que la entonces ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió tiempo para que García diera explicaciones, las pruebas publicadas por los medios, que demostraban el uso de estos contratos para su enriquecimiento personal, resultaron decisivas.
