España deberá movilizar 407.341 millones de euros en infraestructuras en la próxima década, un escenario que ya apunta a un impacto directo sobre los conductores. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) propone implantar un sistema de pago por uso en las carreteras que supondría un coste medio de 111 euros anuales por usuario.
La cifra global incluye tanto el mantenimiento de las infraestructuras actuales como la construcción de nuevas redes. Sólo conservar las existentes exigirá 127.341 millones de euros en diez años, con especial presión en las carreteras, que concentran más de 58.000 millones.
Ante este volumen de gasto, la patronal plantea que sean los propios conductores quienes asuman parte del coste a través de un sistema de tarificación por distancia recorrida. Según sus cálculos, este modelo permitiría recaudar hasta 43.260 millones de euros en una década, destinados a conservación, digitalización y políticas vinculadas a la transición ecológica.
El planteamiento reabre el debate político sobre los peajes en España, una medida que el Gobierno ha evitado aplicar de forma generalizada pese a las exigencias de Bruselas. La propuesta de Seopan sitúa ahora el foco en un escenario en el que el mantenimiento de la red viaria dejaría de financiarse exclusivamente con impuestos y pasaría a depender del uso directo por parte de los ciudadanos.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha advertido del deterioro del sistema por la caída de la inversión pública. «Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024», ha señalado.
Este descenso sostenido de la inversión ha llevado a la patronal a reclamar un cambio de modelo basado en más gasto público, colaboración con el sector privado y nuevas vías de financiación que, en la práctica, trasladan el coste al usuario final.
En paralelo, Seopan advierte del impacto de la inflación, impulsada por el encarecimiento energético derivado del conflicto de Oriente Medio, con previsiones de entre el 3,2% y el 3,6% en 2026, lo que incrementa la presión sobre los costes de obra.
La organización también reclama recuperar mecanismos de revisión de precios y reformar el sistema de contratación pública para evitar sobrecostes y retrasos.
El diagnóstico de la patronal dibuja un escenario claro: el deterioro de las infraestructuras y la falta de inversión acumulada sitúan a los conductores ante una nueva carga económica directa para sostener la red viaria.
