«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La familia de Utrera Molina llevará a Rufián a los tribunales

Se querellará contra el dirigente separatista y la líder de Podemos en Andalucía por «mancillar la memoria» de su padre.


Los hijos del exministro durante el franquismo José Utrera Molina se querellará contra el diputado de ERC Gabriel Rufián por «mancillar la memoria» de su padre al asegurar que fue el que condenó a Salvador Puig Antich, un anarquista sentenciado a muerte por un tribunal militar por el homicidio del policía Francisco Anguas Barragán en otoño de 1973.


«Rufián ya mintió y difamó cuando murió mi padre. Vamos a llevar a cabo las acciones judiciales oportunas porque lo que dice es falso. Evidentemente José Utrera Molina no condenó a muerte a nadie en su vida porque en primer lugar no podía, las sentencias las dictaban los juzgados», ha dicho Luis Felipe Utrera Molina en declaraciones a La Gaceta, antes de recordar que «los ministros y el Gobierno no tenían nada que decir» y reiterar la «falsedad» del dirigente separatista.
También se querellarán contra la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y todos los que se han hecho eco de la «insidia».
José Utrera Molina (1926-2017) ingresó en las organizaciones juveniles falangistas en marzo de 1937 y en 1940 fue designado jefe de Banderas de los sectores de Málaga, jefe de la centuria de honor «Alcazar de Toledo», instructor Provincial y secretario de seminarios de Formación del Frente de Juventudes. Posteriormente, fue nombrado gobernador civil de Ciudad Real, gobernador civil de Burgos y gobernador civil de Sevilla, cargo que ocupó durante siete años, hasta que en 1969 fue designado subsecretario de Trabajo, y en junio de 1973, ministro de la Vivienda.
En 1974 fue nombrado ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Gobierno. En los últimos años de su vida, criticó con dureza la sectaria Ley de Memoria Histórica asegurando que el único objetivo era «adoctrinar» a la población española.
 
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