La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado amparar a Vito Quiles tras los insultos y las amenazas del ministro de Transportes Óscar Puente alegando que «no es un periodista en activo«. Su excusa, que el reportero ha colaborado con Alvise Pérez en su campaña para las elecciones europeas y apareció el número 47 en las listas electorales. Todo pese a ejercer como periodista en el Congreso de los diputados con el medio de comunicación EDA TV.
Si nos remontamos a las elecciones madrileñas de 2019, comprobamos que Miguel Ángel Oliver Fernández —entonces secretario de Estado de Comunicación— fue incorporado en las listas del PSOE de Madrid en el número 132. Ese mismo año, pese a participar en unas elecciones y tener un cargo gubernamental, fue nombrado presidente de la agencia de noticias internacional EFE. No despertó ninguna crítica entre las asociaciones de prensa que ahora señalan a Vito Quiles.
De momento, el Congreso ya ha anunciado que aprobará nuevos criterios de acreditación «más transparentes» para el acceso de periodistas a la Cámara Baja, con el fin de «favorecer la convivencia entre informadores y políticos» y tras la polémica que ha generado la presencia de comunicadores como Vito Quiles u otros medios que el Gobierno califica de «pseudomedios«.
La Mesa del Congreso ha estudiado el escrito de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) —que ha demostrado tener un claro sesgo ideológico— que solicita «normas para favorecer la convivencia en el espacio en el que los periodistas desarrollamos el trabajo» para evitar «la alteración del desarrollo de las ruedas de prensa o de conversaciones con representantes políticos».
Para abordar nuevos criterios de acceso a periodistas a la Cámara Baja, la Mesa ha creado un grupo de trabajo integrado por dos miembros del PP, dos del PSOE y uno de Sumar con el objeto de que en dos o tres semanas se elaboren unas recomendaciones, que no tendrán rango de ley, que garanticen la convivencia entre periodistas y parlamentarios.
