Las filtraciones interesadas de audios que implican a maquinistas y controladores del centro de Adif en el accidente de Urda constituyen un delito de revelación de secretos penado con prisión, según advierten juristas, una vez que la jueza instructora ha decretado el secreto de sumario.

La difusión simultánea, a última hora del miércoles 28 de octubre, de las grabaciones de las comunicaciones entre el Centro de Regulación y Control de Atocha y los maquinistas de los trenes AVE e Iryo implicados en la colisión de Urda (Toledo) ha coincidido con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que apuntó a un error humano. Medios como El País, Cadena SER y elDiario.es publicaron de forma prácticamente idéntica y al mismo tiempo las transcripciones y los audios en los que se ordenaba reanudar la marcha «con marcha normal» tras el fallo del sistema LZB, en lugar de la «marcha a la vista» prevista en el protocolo.

El abogado penalista José María de Pablo, profesor de Derecho Penal, ha calificado públicamente la filtración de «uno de los actos más ruines y rastreros que puede hacer un responsable político» al señalar ante la opinión pública a un ciudadano al que asiste la presunción de inocencia. En un segundo mensaje añadió de forma expresa: «Y, teniendo en cuenta que hay secreto de sumario, esa filtración es, además, un delito».

La jueza titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz decretó el secreto de sumario el mismo día del siniestro, que ha dejado al menos 69 fallecidos, y ordenó la incautación de las cajas negras y la personación de la Policía Judicial en el centro de control de Atocha. Bajo el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las actuaciones son reservadas. Cuando quien revela información sumarial es una autoridad o funcionario público que la conoce por razón de su cargo, el artículo 417 del Código Penal tipifica el delito de revelación de secretos: multa de 12 a 18 meses e inhabilitación de 1 a 3 años en el tipo básico, y prisión de 1 a 3 años más inhabilitación de 3 a 5 años si de la revelación resulta grave daño para la causa pública o para un tercero.

Sindicatos como CSIF y Semaf han denunciado que la filtración busca un «chivo expiatorio» mientras la investigación apenas comienza y con los cuerpos aún sin identificar por completo. Distintas formaciones políticas han criticado que se difundan grabaciones que, en teoría, debían permanecer bajo secreto judicial precisamente para evitar juicios paralelos y proteger la presunción de inocencia de los implicados.

Hasta el momento no consta que se haya abierto una investigación específica por la filtración, pese a que el origen de los audios apunta a entornos con acceso institucional a las comunicaciones de Adif y a que su publicación selectiva en medios habitualmente alineados con el Gobierno coincide con el intento de fijar un relato de responsabilidad exclusivamente humana antes de que se analicen las cajas negras y los protocolos técnicos.