La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que no observa indicios de que Koldo García muestre voluntad de colaborar con la investigación en curso. En un reciente informe, el fiscal encargado del caso, Luis Pastor, ha advertido que si existiera un verdadero interés en colaborar, este se habría manifestado de forma clara y formal, mediante una confesión respecto a los hechos graves que se le imputan, en lugar de limitarse a lo expresado en una conversación con Santos Cerdán.
El escrito ha explicado que no se detecta una intención genuina de aportar información relevante, como sí hizo el empresario Víctor de Aldama. En este contexto, han señalado que esta postura se emite en respuesta a la solicitud presentada por García y su exmujer, Patricia Uriz, para anular el registro realizado en su domicilio familiar en Polop de La Marina (Alicante) en febrero de 2024 por agentes de la UCO.
García y Uriz también pidieron la apertura de diligencias para investigar la actuación policial durante el registro, alegando la presencia de su hija menor de tres años y cuestionando la proporcionalidad del uso de armamento por parte de los agentes. Paralelamente, la abogada de Uriz, quien recientemente ha asumido la defensa de García, ha solicitado que la denuncia fuese remitida a la Fiscalía de Menores para evaluar la conducta policial.
No obstante, tanto la Fiscalía como el magistrado encargado del caso han concluido que no existen indicios de vulneración de derechos fundamentales durante el operativo. Han considerado que la entrada en el domicilio fue justificada y necesaria, dado que los acusados están implicados en delitos graves. Asimismo, el magistrado ha reconocido que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, pero que puede ser limitado cuando existen razones debidamente fundamentadas.
