La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado nuevas pesquisas sobre contratos de obras públicas otorgados de manera directa a empresas vinculadas al caso de las «mordidas» conocido como el caso Koldo, durante la gestión de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Según han confirmado fuentes próximas a la investigación a LA RAZÓN, los agentes han recibido nueva información que ampliaría el alcance de la investigación.
En el auto del Tribunal Supremo que ordenó el ingreso en prisión de Santos Cerdán, el magistrado Leopoldo Puente ya señalaba que las cinco primeras obras mencionadas en el informe de la UCO podrían incrementarse conforme avanzaran las diligencias. Asimismo, advirtió que los tres investigados habrían repartido alrededor de cinco millones de euros a través de adjudicaciones a las empresas implicadas.
Estas cifras podrían aumentar, según los datos actuales que manejan los investigadores, quienes han recibido información detallada sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Entre las empresas señaladas destaca Obras Públicas y Regadíos (OPR), cuyo domicilio social está en Toledo y que fue registrada por la UCO el pasado 10 de junio. Durante el registro, los agentes incautaron dos dispositivos digitales y una carpeta con documentos.
Las sospechas sobre OPR ya eran persistentes durante la gestión de Ábalos, no sólo por los presuntos mecanismos de favoritismo impulsados por el ministro, sino también por las adjudicaciones obtenidas en organismos como Adif y Adif Alta Velocidad. La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevas imputaciones y medidas judiciales conforme se profundice en los contratos públicos y las posibles irregularidades detectadas.
