La Fiscalía Antidroga ha ordenado a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Departamento de Vigilancia Aduanera (DAVA) que incluyan de forma detallada en todos los atestados los ataques cometidos por narcolanchas contra embarcaciones oficiales con el objetivo de perseguir estos hechos también como delito de piratería. La medida pretende reforzar la protección jurídica de los agentes que participan en la lucha contra el narcotráfico en el mar, en un contexto marcado por el incremento de la violencia de las organizaciones criminales.

España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia, así como del hachís producido en Marruecos. La mayor parte de los alijos llega por vía marítima, oculta en contenedores, veleros o embarcaciones de alta velocidad, lo que ha obligado a reforzar las estrategias contra el narcotráfico.

La instrucción de la Fiscalía Antidroga recuerda que «los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera (…) se vienen incrementando en los últimos años sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente». El órgano especializado considera que estos ataques pueden encajar en el delito de piratería previsto en el artículo 616 del Código Penal, castigado con penas de entre diez y quince años de prisión.

La orden establece que todos los informes remitidos a la Fiscalía Antidroga deberán recoger cualquier ataque directo o indirecto sufrido por embarcaciones oficiales durante operaciones contra el tráfico de drogas, tanto en aguas internacionales como en aguas de soberanía española, al entender que el bien jurídico protegido es la seguridad de la navegación marítima, con independencia del lugar donde se produzcan los hechos.

La iniciativa coincide con la petición formulada por altos mandos de la Guardia Civil, adelantada por El Mundo, para autorizar el uso de lanzagranadas GL-06 de calibre 40 milímetros con el fin de inutilizar los motores de las narcolanchas durante las persecuciones. Los responsables sostienen que existen medio centenar de estas armas disponibles y que podrían ser utilizadas por personal especializado como medida para frenar embarcaciones de alta potencia.