La Fiscalía ha abierto una investigación contra el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, a raíz de una denuncia de la plataforma ciudadana Tu pueblo y el mío, que lo acusa de promover discursos discriminatorios hacia el «colectivo LGTBI«. La iniciativa del Ministerio Público reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión —especialmente cuando es ejercida desde convicciones religiosas— y la interpretación cada vez más expansiva que la Fiscalía está haciendo de los delitos de odio.
El escrito del denunciante, Lucas López Moreno, fue presentado en julio ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación. En él sostenía que intervenciones del prelado en distintos medios y programas de radio no se ajustaban al amparo constitucional, y que podrían vulnerar la dignidad del «colectivo LGTBI». La denuncia se trasladó a Madrid, al estar allí ubicada la sede de la emisora donde se pronunció una de las declaraciones cuestionadas, y la Fiscalía Provincial ha iniciado diligencias para decidir si archiva el asunto o lo lleva a juicio.
La controversia se centra, sobre todo, en una emisión del 3 de mayo de 2024 en Radio María. Ese día, Munilla afirmó que la legislación vigente «amenaza» a los psicólogos que acompañan a personas homosexuales si ese acompañamiento «tiene algún viso» de ayudarles a reconducir sus atracciones, lo que —según él— se etiqueta de inmediato como «terapia de conversión». El obispo denunciaba que ese término se está aplicando «a cualquier acompañamiento espiritual para vivir la castidad como cualquier cristiano».
Para la asociación denunciante, estas palabras equivalen a una defensa explícita de prácticas prohibidas por legislaciones autonómicas como la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana. También sostienen que sus afirmaciones desprecian la posición de organismos internacionales como la OMS o la ONU, que consideran las terapias de conversión dañinas.
La Fiscalía, acogiendo estos argumentos, estudia si los mensajes de Munilla encajan en el artículo 510 del Código Penal, que castiga la promoción o incitación al odio o la discriminación. Una interpretación que, según algunos juristas, roza el riesgo de convertir opiniones religiosas —por muy controvertidas que sean— en delitos de expresión, debilitando la protección constitucional que ampara la libertad ideológica y la libertad religiosa.
El caso ha reavivado también el historial mediático del obispo. Munilla, que llegó a Orihuela-Alicante en 2022 tras una etapa llena de polémicas en San Sebastián, mantiene una fuerte presencia pública: tiene programa propio, web personal y más de 135.000 seguidores en redes. Sus posiciones doctrinales —a menudo contrarias al feminismo, a la agenda LGTBI o a la legislación de igualdad— han generado múltiples controversias.
