La Fiscalía Antidroga ha abierto una vía para analizar el aumento patrimonial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pese a rechazar que existan indicios suficientes para investigar delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal o blanqueo de capitales relacionados con el régimen venezolano, según detalla The Objective.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el fiscal Francisco Javier Redondo desmonta la querella presentada por Hazte Oír, pero introduce un elemento clave: considera que el apartado relativo al posible enriquecimiento del dirigente socialista sí describe hechos concretos que merecen ser analizados desde el punto de vista penal.
El informe responde a la petición del magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que abrió diligencias previas y solicitó el criterio del Ministerio Público. Antidroga concluye que la querella se apoya en «conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas» cuando atribuye a Zapatero delitos vinculados al narcotráfico, pero distingue ese bloque del relativo a su evolución patrimonial tras abandonar La Moncloa.
«El apartado de la querella que se dedica expresamente al enriquecimiento [de Zapatero] como posible indicio de su presunta colaboración delictiva sí señala unos auténticos hechos que sí merecen ser analizados para comprobar si presentan indiciariamente caracteres de delito», subraya el fiscal. Esos hechos se basan en las declaraciones de bienes y actividades del expresidente durante su etapa al frente del Gobierno, documentos que Redondo califica como públicos y dotados de «valor y fuerza probatoria».
La Fiscalía reconoce que de esas declaraciones se puede deducir con claridad el «punto de partida patrimonial» de Zapatero tras dejar el cargo. A partir de ahí, sostiene el informe, cualquier incremento relevante debería ser objeto de comprobación, aunque advierte de que el resto de elementos de la querella no cuentan con una base fáctica suficiente para justificar una investigación penal en este momento.
Zapatero abandonó la presidencia del Gobierno en diciembre de 2011. Su última declaración de bienes y rentas se publicó en septiembre de 2012 en el BOE, con un activo de 130.562 euros y sin deudas. Durante su mandato había saldado un pasivo de 80.847 euros que había declarado antes de llegar a La Moncloa.
Sin embargo, informaciones periodísticas posteriores han puesto el foco en el notable crecimiento del patrimonio familiar. Vozpópuli reveló que el patrimonio inmobiliario de la familia de Zapatero se habría multiplicado por 115 tras su salida del Gobierno. En 2011, el expresidente declaró una parcela en León valorada en 38.000 euros. En los años siguientes, la familia habría adquirido tres chalés de lujo y dos pisos por un valor conjunto cercano a los 3,7 millones de euros, aunque más tarde se desprendió de parte de esos inmuebles.
Ese aumento patrimonial coincide en el tiempo con el inicio y la intensificación de la actividad internacional de Zapatero como interlocutor político y mediador del régimen de Nicolás Maduro. Una coincidencia temporal que la querella considera relevante y que la Fiscalía menciona, aunque aclara que por sí sola no basta para fundamentar una imputación penal.
El fiscal también recuerda que el propio presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, reconoció públicamente la labor de Zapatero en la liberación de presos políticos, un papel que reforzó su condición de interlocutor privilegiado del chavismo.
