La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado un paso que agita todavía más el tablero político y judicial al respaldar un indulto parcial para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelar datos reservados de la pareja de Ayuso. El movimiento del Ministerio Público abre la puerta a que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda rebajar la pena de inhabilitación impuesta al antiguo jefe de la Fiscalía.
La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha remitido un escrito de ocho páginas a la Sala Segunda en el que defiende que la condena contra García Ortiz ha tenido unas consecuencias «intensas y desproporcionadas». El ex fiscal general fue condenado el pasado noviembre a dos años de inhabilitación para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario perjudicado.
La petición de indulto parcial había sido promovida por varios particulares ante el Ministerio de Justicia y ahora cuenta con el respaldo de la propia Fiscalía del Supremo. El tribunal pidió informe tanto al Ministerio Público como a la parte perjudicada antes de pronunciarse.
En su escrito, Sánchez Conde sostiene que el ex fiscal general ya ha satisfecho las responsabilidades económicas derivadas de la condena. En febrero abonó la indemnización por daños morales a González Amador y consignó también el importe de la multa. Solo queda pendiente la liquidación de las costas judiciales, que rondarían los 39.000 euros.
La Fiscalía insiste en que el indulto parcial no supondría borrar la condena ni cuestionar la sentencia dictada por el Supremo. Según el informe, la medida únicamente buscaría reducir la duración de la pena de inhabilitación, actualmente fijada hasta diciembre de 2027.
La teniente fiscal subraya además que García Ortiz carece de antecedentes penales y destaca que no obtuvo «ningún beneficio patrimonial» con los hechos por los que fue condenado. También remarca la «repercusión pública extraordinaria» del caso y el enorme desgaste sufrido por el ex fiscal general tanto en su carrera profesional como en su imagen institucional.
La Fiscalía recuerda además que el condenado asumió desde el primer momento la responsabilidad sobre la nota de prensa que originó la condena y que colaboró con el tribunal durante todo el procedimiento. También destaca que renunció a su cargo tras conocer la sentencia.
El apoyo al indulto parcial no significa, sin embargo, que el perdón vaya a materializarse automáticamente. La última palabra corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. El informe del Supremo tampoco sería vinculante.
La clave jurídica está ahora en distinguir entre indulto total e indulto parcial. El primero exigiría un informe favorable del tribunal sentenciador para perdonar todas las penas pendientes. El segundo permitiría al Gobierno reducir solo una parte de la condena, incluso aunque el criterio judicial fuera desfavorable.
