La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos en Cataluña entre el 20 y 21 de septiembre durante la operación policial para evitar la celebración del referéndum del 1-0, en la que menciona expresamente a los presidentes de ANC y Omniun.
En su denuncia, que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y se pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores de estos altercados.
Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios «conscientes de que dificultarían la intervención policial», haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.
Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa. Al presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, destaca la denuncia.
«La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales», sostiene Carballo.
Movilizaciones por la fuerza de la intimidación
Según la Fiscalía, se han impulsado «movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición».
Señala el fiscal que la presión de los concentrados frente a la Consejería de Economía se llegó a traducir incluso en agresiones físicas a Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Civil -algunos de los cuáles no pudieron salir del edificio hasta 24 horas después- y cuyos coches, subraya, acabaron abollados, con las ruedas pinchadas y repletos de pegatinas y pintadas a favor del referéndum.
Por ello, la Fiscalía considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de sedición tipificado en el artículo 544 del Código Penal y castigado con penas de entre los 8 y 10 años de cárcel para los que la hubieran inducido, sostenido o dirigido, y de 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.
Incidentes protagonizados por una turba
La denuncia, que ha recaído en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, describe que los incidentes fueron protagonizados por «una turba» e interpreta «la sedición», «forma colectiva y tumultuaria de alzamiento», como una «rebelión en pequeño».
El fiscal relata los episodios desde que la Guardia Civil se personó a primera hora de la mañana en la Consejería para proceder al registro ordenado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.
Horas después, señala, un grupo de voluntarios de la ANC, que incluso «repartía bebida y comida a los concentrados», hizo «un cordón ante la puerta para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos», entre los que se encontraban los dos más estrechos colaborares del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
Entretanto, apunta, la sede del PSC en Barcelona fue «igualmente atacada por los manifestantes, llegando incluso a producirse agresiones a militantes socialistas».
La denuncia de la Fiscalía prosigue que, una vez finalizados los registros a las 22.00 horas, los manifestantes seguían asediando el edificio y, dos horas después, dos agentes trataron de salir por el Cinema Coliseun, «pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron» su salida.
«Ante la situación de extrema tensión», afirma el fiscal, el juez de Barcelona llamó al jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para que activase el dispositivo de seguridad que permitiese la salida de la comisión judicial. «La letrada de la administración de Justicia -añade- tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea, al impedir los manifestantes su salida por la puerta».
Sobre la 1.34 horas, relata la denuncia, «se produjeron momentos de tensión» y los Mossos tuvieron que «cargar» contra los manifestantes para permitir salir a los agentes, ya que «centenares de personas continuaban concentradas lanzando objetos contundentes».
Cinco guardia civiles salieron a las tres de la madrugada «vestidos de paisano» y escoltados por los mossos, mientras que el resto no lo hizo hasta la siete de la mañana.
Además de a estos altercados, la denuncia hace también referencia a otros disturbios, entre ellos en la sede de la CUP, donde se concentraron, apunta, más de 2000 personas para impedir el acceso a la Policía y en la que los agentes tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a un furgón policial».
La hostilidad, agrega el fiscal, se extendió a todos los registros realizados esos días por la Guardia Civil, entre ellos el de la imprenta Bigues I Riells, donde se encontraron casi 10.000 papeletas, así como en el del domicilio del jefe de gabinete de Goberanción de Cataluña, Joan Ignasi Sánchez.
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