La Fiscalía ha revelado que, durante el año 2024, el 58% de los inmigrantes ilegales que decían ser menores de edad tenían más de 18 años. De los 38 estudios médicos realizados en Ibiza y Formentera a personas que llegaron en patera afirmando ser menores no acompañados (menas), 22 fueron identificados como adultos, lo que impidió que pudieran beneficiarse del estatus legal reservado a los menores en España.
Los análisis adelantados por La Voz de Ibiza fueron llevados a cabo por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares, quienes aplicaron técnicas de verificación de la edad cuando no existían documentos que acreditaran la minoría de edad. Se trata de un procedimiento regulado por la Fiscalía, que se reserva solo para casos en los que haya dudas razonables sobre la verdadera edad del inmigrante.
Para determinar la edad real de los inmigrantes sin documentación fiable, se realizan dos pruebas complementarias. En primer lugar, se lleva a cabo una radiografía de la muñeca (carpografía), una técnica tradicional aunque con un margen de error de hasta cinco años. Como refuerzo, se emplea una ortopantomografía, una radiografía panorámica dental que permite examinar con mayor precisión la estructura ósea de la mandíbula y los dientes, facilitando una estimación más exacta de la edad.
El Consejo Insular de Ibiza ha explicado que la legislación establece la «presunción de minoría de edad», lo que significa que, hasta que se demuestre lo contrario, las personas que afirman ser menores deben ser tratadas como tal. Sólo cuando las pruebas determinan que tienen más de 18 años, son puestos a disposición de la Policía Nacional, que inicia los trámites pertinentes en extranjería para proceder conforme a la normativa de inmigración.
Fuentes del Consejo han reconocido que este proceso es cada vez más frecuente y supone una carga adicional para los servicios públicos de la isla. «Estamos ante una situación que se ha intensificado y que nos pone al límite. La llegada de inmigrantes por la ruta de Baleares es cada vez más habitual, y las mafias que operan en este tráfico humano se aprovechan del sistema», han declarado. Por este motivo, han insistido en reclamar al Gobierno de España una mayor dotación de recursos y un refuerzo en la vigilancia de las costas para frenar este fenómeno.
Las pruebas para verificar la edad de los inmigrantes no pueden realizarse en contra de la voluntad del interesado, en cumplimiento de la normativa sobre protección jurídica de menores. Además, se exige que sean procedimientos no invasivos y proporcionales, garantizando siempre la integridad de la persona evaluada.
