El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha remitido a la Fiscalía Europea una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de 45 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos que el Gobierno destinó al sistema de control telemático de medidas cautelares conocido como Cometa, encargado de gestionar las pulseras de seguimiento para maltratadores. La comunicación enviada el jueves y adelantada por OkDiario confirma que el organismo dependiente de la Intervención General del Estado ha trasladado la documentación al Ministerio Público europeo para que investigue los posibles delitos que se derivan de los hechos.
La decisión de elevar el caso a la Fiscalía no es un mero trámite administrativo. Según el escrito, el Servicio Antifraude ha encontrado indicios sólidos de fraude y mala praxis en la adjudicación y desarrollo del contrato, tras analizar una denuncia recibida en septiembre pasado. En ella se apuntan posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación y fraude en la obtención de subvenciones comunitarias.
El foco principal de la investigación se sitúa en la memoria justificativa con la que el Ministerio de Igualdad solicitó los fondos europeos en julio de 2023. En ese documento, Igualdad aseguraba que las pulseras de seguimiento debían «fabricarse expresamente» al no existir en el mercado dispositivos con las características requeridas. Sin embargo, apenas nueve días después, los pliegos técnicos publicados para el concurso omitían toda referencia a una producción exclusiva o a requisitos especiales, lo que ha sido interpretado como una contradicción documental grave.
Los hechos posteriores reforzarían las sospechas. Las pulseras finalmente adquiridas resultaron ser modelos estándar de bajo coste, fabricados en China y disponibles en portales de venta en línea, que sólo habían sido ligeramente modificados. Fuentes del propio sistema Cometa habrían advertido ya de que los nuevos dispositivos ofrecían un rendimiento inferior a los de la empresa israelí Attenti, responsable del servicio durante la década anterior.
La adjudicación, formalizada en octubre de 2023, recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que obtuvo 42,6 millones de euros pese a obtener puntuaciones técnicas bajas: 23,9 sobre 30 en la valoración general y sólo 3,6 sobre 10 en el plan de migración del sistema, que posteriormente registró fallos graves. Lo llamativo es que fue el único licitador que se presentó, ya que la compañía que había gestionado el servicio con éxito durante los años previos optó por no concurrir.
Entre los incumplimientos detectados figura la falta de inviolabilidad de los dispositivos, un requisito esencial del contrato. Según grabaciones internas de empleados de Cometa, las pulseras podían desconectarse en apenas once segundos desde el teléfono móvil del usuario, sin que se activara ninguna alerta en el sistema. También se constató que el grado de resistencia al agua era inferior al prometido —IP6 en lugar de IP67—, lo que las hacía inadecuadas para el uso previsto.
Los problemas técnicos no se limitaron a la durabilidad: los dispositivos emitían el mismo pitido para avisos de «batería baja» y para la señal de «agresor próximo», generando confusión en situaciones críticas. Además, se reportaron pérdidas de cobertura, errores de geolocalización de varios kilómetros y fallos en el anclaje de las pulseras, que podían retirarse con facilidad. En una reunión celebrada en diciembre de 2024, un representante de la empresa reconoció ante funcionarios del sistema: «Esto no cumple».
