La investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a favor del empresario Juan Carlos Barrabés sigue ganando profundidad. La Fiscalía Europea, que abrió el caso hace un año al detectar indicios de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interrogar a las empresas que emitieron cartas de recomendación que permitieron al empresario aragonés imponerse en varias licitaciones financiadas con fondos comunitarios.
El objetivo de los agentes es esclarecer si los firmantes de dichas cartas actuaron en nombre de sus compañías o si lo hicieron a título personal. Además, las pesquisas buscan identificar a los máximos responsables de otorgar estos respaldos que facilitaron la adjudicación de contratos millonarios a Innova Next, la firma de Barrabés, que se presentó en UTE junto a The Valley.
En apenas unos días, esta unión empresarial logró hacerse con varios contratos de Red.es, la empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, destinados a programas de formación digital para jóvenes y desempleados, por un montante superior a los diez millones de euros. En total, Barrabés presentó 32 adhesiones de distintas entidades y asociaciones. Según Red.es, 18 de esas cartas provenían de «empresas relevantes del ámbito tecnológico», entre ellas gigantes como Microsoft y Amazon, que figuran en los informes de valoración utilizados para justificar la adjudicación. Llama la atención que estos informes, que sirvieron de base para otorgar los contratos, son idénticos en este apartado a pesar de haberse elaborado con tres días de diferencia.
El epicentro de la investigación es la relación personal y profesional entre Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Fiscalía Europea trata de determinar si esa conexión fue determinante para que la UTE obtuviera la máxima puntuación en los criterios subjetivos de la licitación, que representaban el 40% de la valoración total.
Pero esta no es la única vía judicial abierta. De forma paralela, el magistrado Juan Carlos Peinado continúa investigando las adjudicaciones que no involucran fondos europeos. En este otro frente judicial, los contratos bajo sospecha suman casi 23 millones de euros e incluyen adjudicaciones del Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid y nuevamente Red.es.
Uno de los contratos de Red.es, adjudicado esta vez a la UTE formada por Innova Next y KPMG por valor de dos millones de euros, ha suscitado especial interés tras el informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que advierte de posibles incumplimientos de la ley. Aunque formalmente el precio representaba un 60% de la puntuación y los criterios subjetivos un 40%, la IGAE señala que el peso real de la oferta económica quedó reducido al 30%, lo que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público. Según dicha normativa, en estos casos, la valoración técnica debe recaer en un comité de expertos independiente, algo que no se produjo. Finalmente, la decisión recayó en el entonces director general de Red.es, David Cierco, quien, al igual que sus sucesores, negó cualquier irregularidad durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo.
Mientras tanto, la sombra de las recomendaciones firmadas —entre ellas la de Begoña Gómez— sigue siendo el elemento central de un caso que apunta al corazón mismo de La Moncloa.
