La Comisión Europea aplica «tolerancia cero» contra la corrupción por lo que ha pedido a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por la que fue detenido Koldo García —exasesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro— pudo afectar a los fondos de la Unión Europea.
Precisamente este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos del denominado ‘caso Koldo’ firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.
Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, el Ministerio Público español remitió documentación a EPPO el 8 de junio de 2023 a través de un decreto «al afectar a fondos de la Unión Europea». Fuentes cercanas a la investigación confirman que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por los socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
Asimismo, la Fiscalía detalla que el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público.
El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por cinco millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
Preguntada por si está investigando la documentación remitida por Anticorrupción, la Fiscalía Europea precisa que «no realiza comentarios sobre investigaciones en curso ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando para no poner en peligro eventuales investigaciones en curso». No obstante, el órgano comunitario recuerda que su competencia es «obligatoria» toda vez que debe «comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que» los hechos investigados queden «bajo su ámbito competencial».
