La Fiscalía Europea analiza más de 25.000 correos electrónicos incautados en la investigación sobre contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Gobierno de Canarias, entonces presidido por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Así consta en un auto de la Audiencia Nacional que respalda ampliar el examen del material digital intervenido en la causa.
La Sala de lo Penal ha avalado el trabajo de la policía judicial y ha autorizado que continúe el análisis técnico de las comunicaciones electrónicas. El tribunal considera justificado que los investigadores dispongan de más tiempo para revisar el elevado volumen de correos incautados y determinar cuáles pueden tener relevancia penal.
La resolución responde al recurso presentado por la defensa de uno de los investigados, que pretendía limitar el alcance del examen de los mensajes electrónicos. La Audiencia Nacional ha rechazado esa petición y ha confirmado que los investigadores pueden seguir analizando los repositorios digitales intervenidos.
La investigación se centra en varios contratos de emergencia adjudicados durante los primeros meses de la pandemia por el Servicio Canario de Salud para la adquisición de mascarillas y otros suministros médicos. Aquellas adjudicaciones se realizaron mediante procedimientos extraordinarios que permitían acelerar la contratación pública ante la escasez mundial de material sanitario.
Los investigadores se encuentran ahora en fase de cribado y clasificación de las comunicaciones electrónicas. Una vez concluido ese proceso, elaborarán un informe preliminar y posteriormente otro definitivo con los correos que puedan resultar relevantes para la causa.
Este tipo de análisis suele resultar clave en investigaciones sobre contratación pública, ya que permite reconstruir las negociaciones previas a la adjudicación de contratos, identificar posibles intermediarios y comprobar si existieron contactos irregulares entre empresas y responsables administrativos.
Entre las empresas investigadas figura Damco Trading Services, que obtuvo diez adjudicaciones por valor de 19,6 millones de euros durante la pandemia. La Fiscalía Europea analiza si en esos contratos existieron irregularidades administrativas o posibles delitos vinculados a la gestión de fondos públicos.
La competencia del organismo europeo se explica porque parte de las compras investigadas se financiaron con fondos de la Unión Europea destinados a afrontar la emergencia sanitaria del covid. Esa circunstancia activa la jurisdicción de la Fiscalía Europea en casos de posible fraude o uso indebido de recursos comunitarios.
La investigación conocida como caso Damco surgió tras varias denuncias sobre posibles irregularidades en adjudicaciones sanitarias realizadas durante la pandemia en Canarias. Los investigadores tratan de esclarecer si algunas empresas obtuvieron contratos millonarios pese a carecer de experiencia previa en el suministro de material sanitario.
Las diligencias también examinan el papel de posibles intermediarios y sociedades vinculadas a las operaciones investigadas, así como la existencia de pagos por servicios que presuntamente no se habrían prestado.
El auto de la Audiencia Nacional subraya que el análisis de los correos electrónicos todavía no ha concluido. Por ello, respalda que la policía judicial continúe examinando el material digital incautado hasta completar el estudio de las comunicaciones, una fase que podría dar lugar a nuevas diligencias en la investigación.
