«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La Fiscalía considera que los hechos ocurrieron en el interior del domicilio familiar

La Fiscalía pide 12 años de cárcel a un inmigrante senegalés por violar de forma continuada a una niña de siete años en Mallorca

Audiencia Provincial de Palma. Redes sociales

La Fiscalía ha solicitado una condena de 12 años de prisión para un pederasta de origen senegalés acusado de cometer de forma reiterada delitos de abuso sexual contra una menor de siete años en un domicilio de la localidad mallorquina de Inca. El juicio está previsto para la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público interesa una indemnización de 30.000 euros por los perjuicios morales ocasionados a la víctima.

De acuerdo con el escrito de acusación, los hechos se habrían producido de manera continuada entre los años 2013 y 2016. El acusado, un hombre de 50 años, mantenía una relación de amistad con los padres de la menor, lo que le permitía acceder con normalidad a la vivienda donde residía la familia junto a sus dos hijos pequeños.

Según sostiene la acusación, el procesado aprovechaba los periodos en los que los progenitores se ausentaban por motivos laborales para permanecer a solas con los menores. La relación de confianza previa con la familia y la corta edad de la víctima habrían influido en la imposibilidad de que los hechos fueran comunicados en aquel momento.

La Fiscalía considera que los hechos ocurrieron en el interior del domicilio familiar, en distintas ocasiones a lo largo de varios años, siempre en un contexto de especial vulnerabilidad para la menor.

Los informes periciales incorporados a la causa señalan que la víctima sufre secuelas psicológicas persistentes como consecuencia directa de los hechos. El Ministerio Público valora especialmente la continuidad temporal de las conductas y el entorno de confianza en el que se habrían producido, circunstancias que agravan la gravedad del caso.

Será ahora la Audiencia Provincial de Palma la que deba valorar las pruebas practicadas en el juicio y determinar la responsabilidad penal del acusado, así como las posibles indemnizaciones civiles derivadas de los daños causados.

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