La «número dos» de García Ortiz, fiscal general del Estado, ha reclamado al Supremo que le aplique la amnistía a Puigdemont y anule el «invento» de Llarena sobre la malversación en el proceso separatista. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha argumentado que el delito atribuido a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas encaja dentro del marco de la Ley de Amnistía y ha criticado duramente la interpretación del magistrado Pablo Llarena, al que ha acusado de crear «una nueva teoría» para impedir la aplicación de la medida de gracia.
Según la fiscal, resulta «sorprendente» que ahora se intente sostener que la financiación del proceso independentista con dinero público tuvo como objetivo un «beneficio patrimonial» para los líderes del movimiento. A su juicio, esta idea es una «construcción novedosa» y carente de base jurídica, por lo que ha instado a la Sala de Apelaciones a aceptar el recurso de Puigdemont y reconocer que la amnistía le corresponde también por el delito de malversación.
El expresidente catalán, que permanece huido de la Justicia española desde 2017, ha comparecido ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo para defender su derecho a acogerse a la amnistía. Su equipo legal, liderado por Gonzalo Boye, ha contado con el respaldo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en su intento de desmontar la negativa de Llarena. El juez instructor se opone a la medida alegando que la malversación de fondos públicos en el proceso soberanista implicó un «enriquecimiento personal» de los acusados y puso en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, dos supuestos que la Ley de Amnistía excluye expresamente.
La misma argumentación ha servido para bloquear la amnistía de otros líderes independentistas procesados, como los exconsejeros fugados Lluís Puig y Toni Comín, cuya defensa ha intervenido también en la vista.
