La fiscalía ha pedido la imputación, por un presunto delito de prevaricación, del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), y el edil de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, por despedir a una funcionaria, que es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.
Así lo han confirmado este jueves fuentes del ministerio público, después de que la Alcaldía haya informado en un comunicado de que el «Ministerio Fiscal ha dado traslado al juzgado de esta denuncia presentada contra el alcalde de Alicante» por «el despido de una trabajadora interina en fraude de ley».
La fiscalía presentó la denuncia contra Echávarri y Giménez el pasado martes en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de la ciudad, en el marco de unas diligencias de investigación propias en las que llegó a interrogar a los propios denunciados y a varios testigos.
Según las fuentes consultadas, la fiscalía considera que Echávarri y Giménez pudieron incurrir en un delito de prevaricación al despedir solo a la funcionaria, una técnica interina adscrita a la Concejalía de Cultura, cuando había otros empleados en una «situación similar», que estaban desempeñando también funciones diferentes a las del objeto inicial de sus contratos.
El alcalde socialista está también investigado (antes imputado) por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio
La Alcaldía ha emitido un comunicado a mediodía en el que asegura que la «situación jurídico-procesal» de Echávarri «no varía por la remisión de esta denuncia al juzgado».
En esa nota de prensa, se afirma que la situación laboral de la interina, luego readmitida a instancias del pleno municipal, constituye un «fraude de ley», como han declarado en fiscalía «todos los técnicos de Recursos Humanos que intervinieron en el expediente».
La «legalidad y procedencia» de ese despido, añade la Alcaldía, ha sido también «ratificada» ante el ministerio público por una abogada adscrita a los servicios jurídicos del ayuntamiento.
El despido de la interina Catalina Rodríguez se produjo el pasado mes de abril, días después de que su cuñado, Luis Barcala, portavoz del grupo municipal popular, denunciase al alcalde ante la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones de la Concejalía de Comercio que ahora investiga el juzgado de Instrucción 9 de Alicante.
Echávarri asumió ese despido como una decisión propia en las redes sociales, aunque unas semanas después, en mayo, la Concejalía de Recursos Humanos revocó la medida y readmitió a la empleada a instancias del pleno de la corporación.
Sin embargo, dos dirigentes vecinales de la ciudad habían interpuesto ya una denuncia en fiscalía que motivó la apertura de unas diligencias de investigación penal por las que fueron interrogados tanto el alcalde como el concejal Giménez, junto a varios testigos.
En su declaración ante el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, encargado de las pesquisas, el pasado 25 de octubre, el alcalde negó que el despido de la funcionaria respondiera a una represalia contra Barcala y alegó que la situación laboral de ésta constituía «un fraude de ley» que podía ser denunciado por los sindicatos.
El ministerio público, sin embargo, ha concluido que existen indicios de la comisión de un delito de prevaricación y ha remitido a los juzgados una denuncia donde pide que se tome declaración como investigados tanto a Echávarri como al edil Giménez.
En su denuncia, la fiscalía aporta también los documentos recabados en el marco de sus propias pesquisas, que tienen carácter preprocesal, según las fuentes consultadas, entre ellos un informe de la Concejalía de Cultura sobre la situación laboral de sus trabajadores interinos.
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