Durante más de cinco años, el presunto fraude electoral a favor del PSOE en las elecciones municipales de 2019 ha estado bloqueado en los juzgados sin avances significativos. Ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía mostraron interés en esclarecer los hechos, llegando incluso a solicitar el archivo de la causa en varias ocasiones. Una actitud que fue interpretada como un intento de enterrar el caso antes de que avanzaran las diligencias clave.
Pero la situación ha cambiado. Después de que The Objective publicase en abril nuevas revelaciones que apuntan a un posible patrón sistemático de manipulación del voto por correo en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe, la Fiscalía ha modificado su posición. El Ministerio Público ya no se opone a las diligencias solicitadas por las acusaciones particulares, que buscan profundizar en la existencia de una supuesta red organizada para manipular el voto.
El giro de la Fiscalía resulta significativo en un caso que, hasta ahora, permanecía estancado desde 2019 y que apunta directamente a una posible corrupción electoral al servicio del PSOE.
En su última resolución, la Fiscalía acepta realizar una prueba caligráfica sobre 47 solicitudes de voto por correo que habrían sido cumplimentadas por una misma persona: Soledad Cabezón, concejal socialista en Albaida del Aljarafe, actualmente investigada. Todo comenzó con la denuncia presentada por el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, después de detectar un dato alarmante: el 14,92% del censo electoral solicitó el voto por correo, una cifra casi cinco veces superior a la media nacional registrada en los comicios del 26 de mayo de 2019.
Esta anomalía llevó a la Guardia Civil, bajo la dirección de la Audiencia Provincial de Sevilla, a iniciar una investigación que ha revelado conexiones inquietantes entre los votos emitidos por correo y contratos laborales otorgados por el Ayuntamiento.
Puestos de trabajo a cambio de votos
Según los informes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso The Objective, los agentes cruzaron los datos del Censo Electoral con los registros de la Seguridad Social. El resultado: al menos 20 personas que votaron por correo fueron contratadas por el Ayuntamiento controlado por el PSOE, algunas de manera temporal, otras con contratos de mayor duración. En los contratos más estables, un tercio de los empleados también había optado por el voto postal.
Los testimonios recogidos durante la investigación refuerzan las sospechas. Un vecino de la localidad relató a la Guardia Civil cómo, a cambio de entregar su DNI y firmar unos papeles, le ofrecieron un contrato de un mes en el Ayuntamiento: «Me ofrecieron un contrato a cambio de firmar el impreso del voto por correo a favor del PSOE», declaró. Aunque en su caso el contrato nunca se materializó, reconoció que todo el proceso del voto fue gestionado por un tercero.
Otra testigo, también interrogada, explicó que fue a votar por correo guiada por una «chica» en «la casa del PSOE», que le ayudó a rellenar la documentación. Aunque negó haber recibido compensación laboral, llegó a justificar su voto por correo en 2019 alegando la pandemia de covid-19, olvidando que la crisis sanitaria comenzó un año después.
Más grave aún es el caso de aquellos votantes que descubrieron que alguien había votado en su nombre sin su consentimiento. Uno de los testigos declaró ante la juez que nunca había solicitado el voto por correo y que la firma que aparecía en la solicitud no era suya: «Yo no voto nunca», aseguró con contundencia.
Ante las evidencias acumuladas, el caso vuelve a ganar impulso tras años de parálisis institucional. Mientras tanto, crece la sospecha de que esta trama local podría ser solo una muestra de prácticas irregulares de captación de voto al servicio del PSOE.
