El abogado de los políticos independentistas, Paul Bekaert, manifestó su acuerdo con esta decisión dado que «la defensa quiere tiempo para prepararse».
Un juez belga acordó aplazar al 16 de mayo la audiencia de los exconsejeros de la Generalitat huidos en Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig, a petición de la Fiscalía, que ha solicitado nuevamente información a la Justicia española para poder estudiar su posible extradición a España.
Según informaron fuentes de la Fiscalía de Bruselas la vista ha quedado aplazada hasta esa fecha, aunque no descartaron que esta pueda posponerse nuevamente si no reciben los datos solicitados con tiempo suficiente.
Las mismas fuentes declinaron precisar el contenido concreto de la información solicitada, dado que se trata de «una audiencia a puerta cerrada».
El abogado de los políticos independentistas, Paul Bekaert, manifestó su acuerdo con esta decisión dado que «la defensa quiere tiempo para prepararse».
Comín, Serret y Puig llegaron hoy poco antes de las 09.00 hora local (07.00 GMT) al tribunal de primera instancia de Bruselas, donde estaba previsto que se celebrara una audiencia sobre la euroorden de España contra ellos.
El letrado señaló hoy por otra parte que la decisión del juez alemán sobre la euroorden dictada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont es «parcialmente positiva, porque no se ha aceptado la rebelión como motivo de extradición».
Añadió que las elecciones en Cataluña han demostrado que España «mete en la cárcel a elegidos parlamentarios».
Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro), una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no.
Contra esa decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.
El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.
Los exconsejeros están desde el 5 de abril en libertad sin fianza pero con medidas cautelares por decisión de la Justicia belga, que les obligan a permanecer en Bélgica e informar de su lugar de residencia y número de teléfono.
El 5 de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo español que se hizo cargo del caso, Pablo Llarena, retiró las euroórdenes contra los cinco políticos secesionistas huidos a Bélgica, y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo.
Llarena procesó a Toni Comín por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos, mientras que sobre Puig y Serret pesan acusaciones de desobediencia y malversación de caudales públicos.
El pasado 26 de marzo, la Fiscalía de Bruselas informó de que los exconsejeros catalanes huidos en Bélgica se habían puesto a disposición de la Justicia del país y decidió no citarles por el momento a comparecer ante un juez por considerar que no hay riesgo de fuga.
El proceso formal abierto es similar al del pasado noviembre, en el marco de una primera euroorden cursada por la Audiencia Nacional española.
En aquella ocasión, la Fiscalía pactó con los implicados una entrega discreta en una comisaría, fueron trasladados ante el juez y éste dejó en libertad sin fianza a los tres políticos mencionados, junto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la exconsejera Clara Ponsatí, quienes entonces se encontraban también fugados en Bélgica.
Se les impuso, no obstante, medidas cautelares, de manera que tenían prohibido abandonar el territorio belga sin el permiso de un juez y tenían la obligación de declarar su domicilio en Bélgica y de acudir personalmente a las convocatorias de la policía o de las instancias judiciales.
