La Fiscalía de la Audiencia Nacional no considera necesario seguir el rastro de los etarras refugiados en Venezuela para esclarecer su posible vinculación con el denominado «aparato de huidos» de ETA. El Ministerio Público se ha adherido al recurso de apelación presentado por los siete investigados en la causa contra la decisión del juez Francisco de Jorge, que el pasado 19 de mayo acordó pedir información a Venezuela y Estados Unidos mediante comisiones rogatorias solicitadas por Dignidad y Justicia.
La decisión queda ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya ha deliberado sobre el asunto y podría resolver en los próximos días. De su criterio dependerá si siguen adelante las diligencias dirigidas a recabar información sobre una docena de etarras, entre ellos José Ignacio de Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos y excarcelado tras cumplir 21 años.
El juez Francisco de Jorge acaba de prorrogar seis meses más la investigación sobre el «aparato de refugiados» de ETA, hasta el próximo 11 de diciembre. Entre los motivos, el instructor alude precisamente a la necesidad de esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos contra su decisión de solicitar auxilio judicial a Venezuela y Estados Unidos. «De esa decisión deriva la práctica o no de esas actuaciones ya ordenadas, u otras que puedan dictarse», recoge la resolución.
La Fiscalía, sin embargo, se opone a esas diligencias. Según el escrito al que ha tenido acceso La Razón, el fiscal Emilio Miró se ha adherido al recurso de las defensas de los imputados por pertenencia a organización criminal para dejar sin efecto las dos comisiones rogatorias. Una de ellas pretende recabar de Estados Unidos toda la información del procedimiento judicial contra el exjefe de Inteligencia militar venezolana Hugo Armando Carvajal, alias «El Pollo».
El representante del Ministerio Público sostiene que las diligencias no son «pertinentes ni necesarias». En su escrito, reproduce los argumentos que ya mantuvo el pasado 6 de abril frente a la petición de Dignidad y Justicia. A su juicio, una comisión rogatoria a otro país exige determinar los hechos investigados, precisar la participación de las personas sobre las que se reclama información y explicar «en qué medida» esa iniciativa puede aportar datos relevantes a la causa.
El fiscal defiende además que «el derecho a la prueba no es absoluto» y que sólo se vulnera la tutela judicial efectiva si se rechaza una prueba «pertinente, necesaria y posible». Su posición coincide así con la estrategia de las defensas, que tratan de frenar unas pesquisas que podrían abrir una nueva vía de investigación sobre la red exterior de ETA en Venezuela.
Entre los etarras que la Guardia Civil sitúa en Venezuela figuran, además de De Juana Chaos, Arturo Cubillas, reclamado sin éxito por España en la investigación sobre los vínculos entre ETA y las FARC que instruyó el juez Eloy Velasco; Eugenio Barrutiabengoa; el exdirigente de ETA José Luis Eciolaza, alias «Dienteputo», antiguo miembro del «comando Goierri» y condenado por una veintena de atentados; Ángel María Lizarbe; Luis María Olalde; José Ángel Uritz Zabaleta; Javier Arruti; Asunción Arana; Juan José Aristizábal; María Ángeles Artola, viuda del etarra «Argala»; Asier Guridi; Jesús María Huerta; e Ignacio Echevarría.
El juez Francisco de Jorge pretende esclarecer los posibles vínculos de todos ellos con el «colectivo de refugiados» de ETA, tradicionalmente bajo control del «aparato político» de la banda. La investigación busca determinar las funciones que desempeñaron, sus contactos con otros etarras, posibles labores de enlace y su grado de responsabilidad dentro de esa estructura.
Las defensas de los investigados, encabezados por el exintegrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, alias «Txema» o «Atxulo», califican las diligencias de «indeterminadas» y «arbitrarias». La abogada Amaia Izko sostiene que ninguno de los 14 etarras sobre los que se pide información figura como investigado en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el «colectivo de refugiados».
La defensa reprocha al instructor que haya autorizado las comisiones rogatorias sin concretar qué hechos se atribuyen a esos etarras. También afirma que ocho de ellos ni siquiera aparecen mencionados en los informes de la Guardia Civil y que no consta que hayan residido o residan actualmente en Venezuela.
El recurso habla de una «investigación penal prospectiva» que, a juicio de la defensa, conduciría a una «causa o inquisición general» prohibida en el ordenamiento jurídico español. La letrada sostiene que las diligencias no buscan comprobar hechos o indicios concretos, sino abrir una investigación para averiguar si esos hechos o indicios existen respecto a personas ajenas al procedimiento.
La defensa también cuestiona la base utilizada para solicitar las comisiones rogatorias. Atribuye la iniciativa al conocimiento, a través de medios de comunicación, de una documentación incautada a «El Pollo» Carvajal y al «cambio político» en Venezuela mencionado por el instructor. Además, alega que las diligencias provocarían una paralización y dilación del procedimiento contraria al derecho de los investigados a un proceso dentro de un plazo razonable.
En su resolución del 19 de mayo, el juez Francisco de Jorge sostuvo que el «cambio político» en Venezuela permite inferir una posible colaboración para acceder a los datos solicitados por Dignidad y Justicia. El instructor añadió que esa información podría verse avalada por la declaración testifical de «El Pollo» Carvajal, con el objetivo de completar la investigación sobre la estructura exterior de ETA.
