La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el procesamiento del empresario Javier Pérez Dolset, junto a otras 13 personas físicas y 17 jurídicas, por su presunta implicación en el vaciamiento patrimonial de la empresa ZED WorldWide en beneficio propio. Este caso forma parte de los asuntos que los autores del intento de soborno al fiscal José Grinda exigieron archivar, a cambio de facilitarle un destino en el extranjero y poner fin a una prolongada campaña de acoso contra él.
Tras ocho años de instrucción, la Fiscalía ha considerado que existen indicios suficientes para imputar a Pérez Dolset por los delitos de fraude en subvenciones, insolvencia punible, blanqueo de capitales, falsedad continuada en documento mercantil y delito societario. Asimismo, se ha señalado que el empresario habría entregado de forma encubierta documentación a la comisión parlamentaria que investiga el atentado yihadista de Las Ramblas, con el objetivo de perjudicar a jueces y fiscales.
De acuerdo con Anticorrupción, Pérez Dolset y su entorno se habrían apropiado indebidamente de 23,5 millones de euros, cifra que se incrementó en otros 14 millones mediante la falsificación de facturas, y habrían defraudado a la Administración Pública por un valor estimado de 30 millones de euros. El escrito del fiscal José Grinda ha detallado que el empresario desvió fondos de ZED WorldWide para su propio beneficio, además de falsear las condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones públicas.
La investigación también ha revelado la emisión de facturas falsas por parte de empresas del Grupo ZED a sociedades controladas por empleados del propio grupo, sin que existiera una prestación real. Asimismo, se ha constatado que las empresas implicadas recibieron entre 2011 y 2015 un total de 48,8 millones de euros en fondos públicos, a través de ayudas concedidas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
