La Generalidad de Cataluña aprobará la próxima semana el anteproyecto de ley de memoria histórica, una norma que quiere sacar adelante en los próximos meses en la Cámara y que tiene como objetivo «refundir» la legislación previa en un único texto y «extenderla a nuevos ámbitos» y que, como la nacional, impondrá su «verdad» en los colegios y multas de hasta 150.000 euros para todo aquel que disienta.
El objetivo del Gobierno autonómico que dirige Peré Aragonès es que se enseñe «memoria histórica» a todos los alumnos a partir de los seis años, aunque todavía se desconoce si será con una asignatura propia o formando parte de los currículum actuales. «Es imprescindible introducir la memoria democrática en los currículos educativos», manifestó el pasado miércoles la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, antes de agregar que la ley ofrecerá «herramientas pedagógicas y formación a los docentes y a otros profesionales de la administración pública».
La ley incorporará «la perspectiva de género en las políticas de memoria». «El objetivo es reivindicar el papel de las mujeres como sujetos activos de la historia en clave republicana y antifranquista. El texto incorpora en todas sus disposiciones la mirada feminista», recoge la Generalitat.
La norma incluye de forma explícita la obligación de retirar los símbolos considerados «franquistas» del espacio público en un plazo máximo de dos años, incluidas, por su puesto, las cruces; «se configura como un marco habilitador para facilitar las actividades memorialistas, y busca facilitar el acceso a archivos y otras fuentes de información»; e introduce un régimen sancionador con multas de entre 10.000 y 150.000 euros por disentir y «exaltar el franquismo».
También explicita el reconocimiento como «víctimas» al colectivo LGTBI e incluye como celebración oficial el «Día de la Proclamación de la República» (14 de abril) y el «Día de Constitución de la Asamblea de Cataluña» (7 de noviembre), según la nota de la Generalidad. Además, establecerá la obligación de retirar distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales concedidos a personas que la administración considere «franquistas».
La norma sigue la línea seguida por la Generalidad en los últimos años. En febrero de 2022 publicó una convocatoria de subvenciones de hasta 18.000 euros –con un total de 196.000– «para proyectos de entes locales sobre memoria histórica». La Consejería de Justicia explicó en un comunicado que las subvenciones se darían a proyectos «que pongan en valor y difundan el patrimonio memorial de Cataluña» entre 1931 y 1980.
Los proyectos debían estar vinculados, según el Gobierno separatista, con un espacio de memoria relacionado con la Segunda República, la Guerra Civil, el régimen de Franco, la Transición, etc. Y las ayudas se repartían entre los proyectos para la conservación y difusión «de espacios de memoria» donde ya se ha actuado (48.000 euros); para recuperar espacios (otros 48.000 euros); y para señalizar lugares públicos o hacer obras (100.000 euros).
