El Consell de la Advocacia Catalana ha planteado ampliar las bonificaciones económicas que reciben los abogados del turno de oficio para incentivar el uso del catalán también durante el juicio oral. La propuesta, trasladada esta semana al presidente del Parlament Josep Rull, pretende reforzar la presencia de esta lengua en los tribunales, donde su uso sigue siendo minoritario.

El organismo, que agrupa a los 14 colegios de abogados de Cataluña, propone que las intervenciones orales de los letrados en vistas judiciales —juicios, comparecencias u otras actuaciones ante el juez— reciban también un incentivo económico. Actualmente ya existe una compensación de unos 25 euros por cada escrito presentado en catalán dentro del turno de oficio.

Este incentivo forma parte de un convenio firmado en 2017 entre el Departamento de Justicia de la Generalidad y el Consell de la Advocacia Catalana. La bonificación no procede del juzgado, sino que la paga la propia Generalidad dentro del sistema de asistencia jurídica gratuita.

La propuesta ya se ha trasladado a la Consejería de Justicia y al Departamento de Política Lingüística. Desde el Consell sostienen que bonificar las intervenciones orales permitiría reforzar la presencia del catalán en el ámbito judicial y garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración de justicia en esta lengua.

El presidente del Consell y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu, defendió la iniciativa al afirmar que el idioma que utiliza el primer abogado que interviene en una vista suele marcar el desarrollo posterior del procedimiento. «Está demostrado que cuando el primer abogado que habla en un juicio lo hace en catalán, ese juicio se hace todo en catalán; en cambio, si el primer abogado interviene en castellano, entonces ya todo el juicio se hace en castellano». A su juicio, la medida tendría un «efecto catalanizador de la justicia«.

Pese a los programas impulsados por la Generalitat para fomentar el uso del catalán, su presencia en los tribunales sigue siendo reducida. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo el 9% de las sentencias dictadas en Cataluña se redactan en catalán. Más del 90% se emiten en castellano.

En el caso de los escritos procesales, donde ya existe una bonificación económica para los abogados del turno de oficio, el uso del catalán aumenta ligeramente, aunque sigue siendo minoritario. Las estadísticas sitúan su presencia entre el 5% y el 20% de los documentos presentados ante los tribunales.

Entre los factores que explican esta situación se encuentra la escasa presencia de jueces procedentes de Cataluña en los tribunales de la región, así como el peso de la doctrina, la jurisprudencia y los formularios jurídicos, que tradicionalmente se redactan en castellano. Además, cuando los procedimientos terminan en tribunales estatales, el uso del castellano facilita la tramitación de los recursos y la comprensión de las resoluciones.