El cierre del local que hasta ahora venía gestionando la Asociación Provida de Castellón supondrá la desprotección de las más de 300 mujeres que viven en la provincia, en alto riesgo de exclusión social, todas ellas en situación absolutamente vulnerable, con hijos menores y familiares a cargo, en su mayoría abandonadas, y víctimas de violencia de género.

En el centro provida- situado en la calle Santo Tomás, 46 de la capital de la Plana-, se ayuda a mujeres que se encuentran por debajo del umbral de pobreza, esto es, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación diaria o la vivienda, entre otras.

La asociación ayuda a satisfacer estas necesidades, entregándoles alimentos semanalmente. Se reparten más de 35 toneladas de alimentos al año, como leche, galletas, arroz, pasta, legumbres, verduras, higiene y alimentación infantil, además de enseres y ropa.

La vicepresidenta de Pro-vida, Eva Villarroig, ha afirmado que la asociación se encuentra “en estado de desesperación”.

Actualmente, el 83% de las mujeres a las que ayudan vienen derivadas de los servicios sociales públicos, tanto municipales como de la propia consellería y de otras entidades sin ánimo de lucro como la Cruz Roja, el banco de alimentos, Cáritas, Mujer 24 horas o Asociación Gitana, entre otras. El 33% de las mujeres que atiende la asociación son españolas, sin empleo, ni vivienda en propiedad, ni posibilidad de acceso de una vivienda digna.

La asociación provida ayuda a todo tipo de mujeres, con independencia de su credo religioso, orientación sexual, raza o nacionalidad, desde hace 35 años, los últimos 10 desde el local que la consellería de igualdad y políticas inclusivas quiere ahora quitarle.